Artículo transitorio en la megareforma habilita a la TGR a ofrecer acuerdos por 90 días (hasta 48 cuotas), convertir UTM a pesos y extinguir saldos según tramos; la medida genera cálculos de recaudación y críticas políticas por excluir a quienes ya pagaron o están al día.
01El Ejecutivo ingresó —como indicación a su proyecto de megarreforma— un artículo 34 transitorio que faculta a la Tesorería General de la República (TGR) a otorgar convenios especiales de pago a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) cuyos créditos hayan tenido ejecutada la garantía estatal. La norma aplica solo a quienes están actualmente en TGR (unos 556.000 deudores) y permite convenios con un pie inicial y hasta 48 cuotas mensuales; al momento de suscribir el acuerdo el saldo, expresado en UTM, se convierte a pesos y queda fijo durante la vigencia del convenio, sin reajustes ni intereses. La TGR podrá ofrecer estos convenios durante 90 días corridos desde la publicación de la ley en el Diario Oficial si la indicación se aprueba.
02La indicación contempla, además, la posibilidad de extinguir total o parcialmente el saldo remanente al término del convenio (o pagada la última cuota), aplicando tres tramos de condonación: hasta 100% si el deudor cumplió íntegra y oportunamente con todas las cuotas; hasta 90% para incumplimientos que la TGR califique como de “menor entidad”; y hasta 70% para otros casos, siempre sujeto a que el deudor haya pagado al menos un número mínimo de cuotas que determinará el Tesorero y a criterios objetivos que la TGR fije (ingresos, monto adeudado, declaración de impuestos, etc.).
03El Ejecutivo definió una fórmula concreta para los convenios según tramos de ingreso: para quienes ganen menos de $1.000.000 brutos mensuales, el pie mínimo sería 1 UTM (hoy $71.506) y las cuotas serían de 1 UTM mensuales; para ingresos entre $1.000.000 y $2.000.000, el pie sería $1.000.000 o el 10% de la deuda (siempre el menor) y la cuota mensual sería el 10% del ingreso, con tope de 48 cuotas; y para ingresos entre $2.000.000 y $5.000.000, el pie sería $1.500.000 o el 10% de la deuda (el menor) y la cuota también sería el 10% del ingreso. Según cálculos del gobierno, esa “ventana blanda” podría recuperar alrededor de US$206 millones (y hasta US$400 millones si se suman otras acciones de cobro agresivas de Tesorería si la reforma se aprueba este año).
04En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el artículo 34 transitorio fue aprobado parcialmente en la madrugada del 14 de mayo: la comisión habilitó a la TGR a otorgar convenios por 90 días, pero con votos oficialistas rechazó los incisos que permitían a la Tesorería condonar hasta el 100% del saldo remanente. El gobierno, sin embargo, no ha descartado reponer la posibilidad de condonación en Sala (Cámara) o en el Senado mientras sigue negociando con distintos actores políticos.
05La propuesta provocó críticas desde la UDI: los diputados Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann sostuvieron que sería injusto privilegiar a morosos por sobre quienes están al día o ya saldaron sus créditos, y pidieron que se incorpore un reconocimiento para quienes cumplieron (por ejemplo, una rebaja en el Impuesto Global Complementario como fórmulas discutidas en el pasado). Los parlamentarios señalaron que la señal sería equivocada y que la iniciativa debe corregirse para no “premiar la morosidad por sobre la responsabilidad”.
06Dentro del oficialismo también hay reparos: diputados de RN cuestionaron el concepto de condonación, considerándolo incoherente tras rechazar precedentes como el FES; además, desde el mundo académico y de centros de estudio vinculados a la derecha (por ejemplo, Acción Educar) advierten que la condonación erosiona la legitimidad del instrumento y que cambiar las reglas de pago con frecuencia puede debilitar la credibilidad del sistema de financiamiento estudiantil.
07Economistas y exautoridades valoran que la medida sea una regularización masiva que permita recuperar recursos y reconocer la dificultad de cobrar la totalidad del CAE: especialistas apuntan a que la lógica se acerca a mecanismos de cobranza tributaria y repactación, permitiendo formalizar deudores, reducir morosidad y obtener recuperaciones fiscales inmediatas. Al mismo tiempo, se reconoce el costo político y la necesidad de consensos para compensar a quienes ya cumplieron con sus obligaciones.
08El debate retoma precedentes: cuando la administración anterior presentó el proyecto del Fondo de Educación Superior (FES) se consideró un beneficio tributario (rebaja del Impuesto Global Complementario de 4 UF anuales para egresados y 6 UF para desertores por 20 años) como gesto para quienes ya habían pagado; hoy esa experiencia sirve como referencia en las discusiones sobre cómo reconocer a los cumplidores si se avanza con medidas dirigidas a morosos.