Controversia por fraccionamiento pesquero retrasa avance de nueva Ley de Pesca y lleva discusión a comisión mixta

El debate parlamentario sobre el proyecto de ley de fraccionamiento pesquero, considerado el núcleo de la nueva Ley de Pesca de Chile, se encuentra estancado tras importantes desacuerdos entre el Senado y la Cámara de Diputados. El proyecto, que busca redefinir la distribución de cuotas de captura entre los sectores pesquero artesanal e industrial, fue parcialmente rechazado por la Cámara frente a modificaciones realizadas por el Senado, por lo que ahora los puntos conflictivos deberán ser resueltos en una comisión mixta.

Las principales controversias giran en torno al fraccionamiento de la merluza común, anchoveta, sardina y a la inclusión de subastas en caso de aumento de cuotas para el jurel. Respecto a la merluza común, la Cámara había aprobado inicialmente una división 70% para el sector artesanal y 30% para el industrial, mientras que el Senado lo modificó a 43%-57% respectivamente, manteniéndose así el modelo más favorable a la industria vigente, criticado por autoridades y representantes artesanales. El ministro de Economía, Nicolás Grau, instó a revertir este cambio para recuperar un balance más justo.

Para la anchoveta y sardina española, particularmente en el norte del país, la propuesta inicial consideraba rangos de hasta 80% para los artesanales y 20% para el sector industrial, partiendo desde un reparto 50/50 pero con posibilidad de ajuste anual. Este esquema también fue rechazado por la Cámara, que busca fortalecer la posición de los pescadores de pequeña escala, argumentando que la mayor parte del recurso se encuentra en áreas de uso exclusivo de ellos.

La disputa incluye también el mecanismo de subasta de cuotas adicionales en el caso del jurel, elemento eliminado por el Senado, pero considerado por la Cámara como clave para financiar demandas del sector artesanal y garantizar una distribución más equitativa de eventuales incrementos en la cuota global. Además, se discuten las reglas para la reineta, jibia y otras especies, y el impacto de los cambios sobre el empleo y la estabilidad de plantas procesadoras, especialmente en regiones como Biobío, donde el único centro de procesamiento de merluza depende de un equilibrio en la asignación de cuotas.

El debate en el Congreso ha estado marcado por los intereses regionales y la defensa tanto de la sustentabilidad de los recursos como de la justicia social en el acceso a la pesca, dejando en evidencia profundas diferencias políticas y técnicas. Algunos parlamentarios temen que los cambios introducidos por el Senado desvirtúen el objetivo de la reforma e insisten en reponer las disposiciones originales. Otros valoran las modificaciones como un avance hacia mayor estabilidad laboral y reglas claras para todos los actores.

La resolución final de la nueva Ley de Pesca y su componente central sobre el fraccionamiento de recursos deberá ahora pasar por la comisión mixta, donde se buscará un consenso que permita despachar la nueva legislación antes de fin de semestre, reemplazando finalmente la muy criticada normativa vigente y redefiniendo el futuro del sector pesquero en Chile.