La Audiencia Nacional lo cita por presunto tráfico de influencias y blanqueo tras el rescate público de 53 millones a Plus Ultra.
La Audiencia Nacional ha citado como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental vinculados al rescate de Plus Ultra. El juez José Luis Calama sostiene que existió una “trama organizada” que habría canalizado comisiones por alrededor de 1,9 millones de euros hacia el expresidente y empresas vinculadas a su entorno. Agentes de la UDEF registraron este martes el despacho de Zapatero y sedes de varias sociedades, entre ellas la empresa de las hijas del exmandatario. Zapatero deberá declarar el 2 de junio, según el auto que amplía la investigación sobre el préstamo de 53 millones concedido en 2021.
La imputación marca la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno es citado formalmente en una causa judicial. La causa volvió a abrirse tras hallazgos de la Fiscalía Anticorrupción en 2024 que apuntaron a un posible uso del rescate para blanqueo procedente de operaciones vinculadas a corrupción en Venezuela. El caso atiza además la tensión política porque Zapatero es una figura próxima al actual presidente Pedro Sánchez y el rescate se aprobó con fondos destinados a empresas afectadas por la pandemia. Las pesquisas combinan registros, solicitudes internacionales de información y detenciones previas de directivos de Plus Ultra.
El auto judicial del juez José Luis Calama relata transferencias y pagos que, según la investigación, vinculaban a intermediarios con Zapatero y la empresa de sus hijas. El juez cifra en torno a 1,9 millones de euros los beneficios distribuidos entre distintas sociedades y detalla pagos procedentes de firmas relacionadas con Plus Ultra, como Análisis Relevante y Thinking Heads. La Audiencia Nacional aprecia indicios de una estructura para ejercer influencias ante administraciones públicas y examina también señales de blanqueo mediante sociedades en jurisdicciones opacas. La ampliación de diligencias motivó los registros ordenados esta semana.
Zapatero rechazó de manera rotunda las imputaciones y difundió un video en el que afirmó que nunca gestionó ante ninguna administración pública nada relacionado con el rescate de Plus Ultra. El expresidente recordó que su actividad de consultoría estuvo declarada y dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia, apelando a la presunción de inocencia. Su despacho y varias sociedades vinculadas a su familia fueron objeto de registros, donde agentes de la UDEF recabaron documentación. El exmandatario insiste en que no ha tenido sociedades mercantiles ni participó en operaciones irregulares.
“jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra”— José Luis Rodríguez Zapatero
Desde La Moncloa y el PSOE apelaron a la tranquilidad y a la presunción de inocencia tras la imputación, y el presidente Pedro Sánchez transmitió a la dirección del partido un mensaje de apoyo al exmandatario. El Ejecutivo subrayó su confianza en que la justicia actuará y reclamó que se respeten las garantías procesales durante la instrucción. La cercanía política entre Zapatero y Sánchez hace que la causa tenga relevancia no solo judicial sino también política dentro del PSOE. En privado, fuentes socialistas admiten que el asunto abre momentos delicados para la dirección del partido.
La oposición reaccionó con dureza: el Partido Popular exigió explicaciones inmediatas y calificó la imputación de “extrema gravedad”, mientras Vox pidió elecciones anticipadas. Los líderes conservadores extendieron la responsabilidad política al Gobierno de Sánchez, argumentando que la imputación golpea la credibilidad del Ejecutivo y reclamaron comparecencias públicas. En los partidos de la derecha se interpretó la jornada como un elemento para presionar políticamente, aunque fuentes parlamentarias del PP descartaron por ahora una moción de censura. Las voces críticas insisten en que la justicia debe seguir su curso con independencia.
La causa se remonta a 2021, cuando SEPI autorizó un préstamo de 53 millones a Plus Ultra, y fue inicialmente archivada antes de reabrirse en 2024 tras pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF que detectaron indicios de blanqueo vinculados a tramas en Venezuela. En diciembre de 2025 hubo detenciones y registros contra directivos de la aerolínea, lo que llevó a la jueza a inhibir el caso a la Audiencia Nacional por su complejidad transnacional. Las diligencias incluyen solicitudes de información a Francia y Suiza y la investigación rastrea la cadena de pagos entre consultoras, la aerolínea y sociedades vinculadas al entorno del expresidente.
Hay versiones contrapuestas sobre la naturaleza y destino del dinero: la instrucción judicial afirma que parte del rescate pudo haberse usado para blanquear fondos procedentes de corrupción venezolana y cuantifica pagos por 1,9 millones ligados a Zapatero y su entorno. Zapatero niega cualquier gestión o vínculo empresarial en la operación y sostiene que su trabajo de consultoría estuvo declarado y fiscalizado. Políticamente, PSOE y oposición discrepan sobre si la imputación implica responsabilidad política para el Gobierno de Sánchez.
El próximo hito procesal es la declaración de Zapatero como investigado el 2 de junio ante la Audiencia Nacional, donde los jueces podrán ampliar diligencias o tomar medidas cautelares. A la vez, la instrucción seguirá recabando documentos internacionales y resultados de registros recientes que pueden orientar la causa. En el plano político, partidos y Gobierno seguirán exigiendo o defendiendo explicaciones públicas según avance la investigación.