USCIS ordena a migrantes temporales salir del país para tramitar la residencia, salvo “circunstancias extraordinarias”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el viernes que las personas en EE. UU. con estatus temporal deberán regresar a su país de origen para solicitar la residencia permanente (green card), salvo “circunstancias extraordinarias”. La decisión revierte una práctica vigente desde hace más de medio siglo que permitía ajustar el estatus dentro del país. El anuncio, difundido por la agencia, no precisó cuándo entrará en vigor ni a quiénes alcanzará exactamente.
La medida forma parte de una batería de cambios migratorios de la Administración Trump orientados a restringir tanto la llegada como el acceso a vías regulares de residencia. Organizaciones humanitarias, abogados y congresistas alertan que obligar a volver al país de origen puede dejar a solicitantes sin una embajada donde tramitar visa o con citas demoradas por meses, provocando separaciones familiares y dificultades prácticas para profesionales y estudiantes.
El anuncio oficial lo pronunció un portavoz de USCIS y la agencia explicó que la ley—según su interpretación—requiere que los “no inmigrantes” que vienen por un tiempo limitado soliciten la residencia desde el exterior. USCIS dijo que podrá conceder excepciones en “circunstancias extraordinarias” y que funcionarios evaluarán caso por caso, pero no entregó criterios ni fecha de aplicación.
“De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la ‘green card’ deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”— Zach Kahler
Abogados de inmigración y organizaciones recordaron que durante más de medio siglo fue práctica habitual completar el ajuste de estatus dentro de EE. UU., un camino usado por cónyuges de ciudadanos, trabajadores especializados y refugiados. Alertan que la nueva orientación trastoca trámites consolidados y genera incertidumbre sobre solicitudes ya en curso.
“El USCIS está tratando de trastocar décadas de tramitación del ajuste de estatus”— Shev Dalal-Dheini
Organizaciones humanitarias subrayaron el problema práctico: en consulados con largas esperas o clausurados no habría forma de completar el trámite, lo que podría crear separaciones prolongadas. World Relief describió la política como un “callejón sin salida” para familias cuyos países no procesan visas o carecen de representación diplomática.
“Si se les dice a las familias que el integrante no ciudadano debe regresar a su país de origen para tramitar su visa de inmigrante, pero allí no se están procesando visas de inmigrante, es un callejón sin salida.”— World Relief
La reacción política fue inmediata: el presidente del Caucus Hispano en el Congreso calificó la medida como un ataque a inmigrantes que ya trabajan y contribuyen en EE. UU. y anticipó críticas desde legisladores demócratas. Para la Casa Blanca la medida encaja en una estrategia más amplia de disuasión migratoria impulsada por la Administración.
“Condeno enérgicamente el más reciente ataque de la Administración Trump contra los inmigrantes y las familias que buscan la residencia permanente legal en los Estados Unidos”— Adriano Espaillat
Los abogados consultados comenzaron a revisar el memorando buscando criterios y alcance; muchos anticipan impugnaciones judiciales por la amplitud y falta de claridades sobre excepciones y aplicación retroactiva. En la práctica, profesionales legales advierten que altos tiempos de espera consular podrían dejar solicitudes indefinidas.
“Es realmente difícil saber cómo se va a aplicar esto”— Jessie De Haven
USCIS sostiene que la medida es un retorno a la intención original de la ley; críticos y abogados replican que supone una reversión práctica de décadas de tramitación interna y que la agencia no ha definido excepciones, plazos ni si afectará a solicitudes ya en curso. Esa falta de detalles es el principal punto de choque entre la agencia y quienes asisten a migrantes.
El próximo hito será la publicación de la directiva completa y su fecha de vigencia; en paralelo se esperan demandas y solicitudes de aclaración de consulados sobre plazos y excepciones. Organizaciones y abogados monitorearán tanto la guía operativa de USCIS como las respuestas judiciales que definirán cómo se implementa la nueva norma.