Ataques incendiarios recientes y detenciones por presunta provocación se suman a auditorías que detectan debilidades en la gestión de Conaf, mientras múltiples siniestros afectan a distintas comunas del país.
01El hecho más reciente se registró el 14 de mayo de 2026 en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía: un grupo de encapuchados intimidó con armas de fuego a las tripulaciones de dos camiones forestales, las hizo bajar y prendió fuego a los móviles usando un líquido acelerante. Carabineros constató los vehículos siniestrados en el kilómetro 20 de la Ruta 71 y la Fiscalía ordenó que el OS-9 y Labocar investiguen para dar con los responsables. Líderes gremiales locales denunciaron un recrudecimiento de la violencia y pidieron medidas estatales más “ofensivas y preventivas”.
02En enero de 2026, el incendio denominado “El Toro” motivó la declaración de alerta roja en San José de Maipo (Región Metropolitana). Senapred informó que preliminarmente el siniestro afectó a cinco viviendas y que, de forma preventiva, fueron evacuadas cerca de 80 personas sin reporte de lesionados. Según Conaf, el fuego había consumido alrededor de 5 hectáreas de vegetación; el episodio forma parte de un conjunto de nueve incendios activos entonces en el país, entre ellos “Los Zorrillos” en Curepto (7 ha) y el mayor, “San Pedro” en Cauquenes, que afectaba 414 ha y había dejado viviendas dañadas. En los diversos siniestros se desplegaron brigadas, recursos aéreos y maquinaria de Conaf, Bomberos, empresas forestales y apoyo de otras instituciones.
03En paralelo a los incendios accidentales, hubo avances investigativos por fuegos presuntamente provocados: en Coronel (Región del Biobío) fue detenido —y su detención ampliada— un exfuncionario de Bomberos y de Conaf, imputado por iniciar el incendio en el sector Patagual del 6 de enero, que consumó unas 10 hectáreas de pinos y dejó tres brigadistas heridos. La captura se produjo tras pesquisas de la SIP, Labocar y OS-9; los antecedentes señalan que el siniestro habría sido provocado con un “chispero”. La compañía de Bomberos local denunció los hechos tras revisar cámaras y el superintendente Eduardo Monsalve afirmó que la noticia “nos consterna absolutamente”, anunciando la inhabilitación y futura expulsión del voluntario investigado.
04Una auditoría de la Contraloría en La Araucanía, dada a conocer en enero de 2026, detectó debilidades significativas en la gestión de Conaf frente a incendios de alta magnitud. Entre los casos revisados están el incendio “Providencia” (Traiguén, 2025), que se originó tras una quema controlada autorizada por Conaf y que no fue correctamente extinguida —afectando 3.064 hectáreas— y el siniestro de Lonquimay (2024), que consumió 805,85 hectáreas y demandó 129 días de combate. La Contraloría reprochó que autorizaciones de quemas no consideraron alertas tempranas de Senapred ni las condiciones de la Dirección Meteorológica, y que herramientas como el módulo de “Costeo de incendios” del sistema SIDCO no estuvieron plenamente implementadas, lo que afectó la trazabilidad y la información estandarizada.
05Ante esos hallazgos y los episodios de incendios intencionales, las medidas ordenadas incluyen la instrucción de sumarios administrativos para determinar responsabilidades, el envío de informes al Ministerio Público, la obligación de Conaf de revisar y ajustar criterios para autorizar quemas controladas (incorporando alertas de Senapred y la Dirección Meteorológica) y la implementación en seis meses del módulo SIDCO para costeo y valorización de pérdidas. Además, las pesquisas policiales por incendios presuntamente provocados (OS-9, Labocar, SIP) continúan y las instituciones implicadas (Conaf, Bomberos, Carabineros y Fiscalía) han llamado a reforzar coordinación, fiscalización y control interno; desde Bomberos también se planteó la necesidad de revisar los filtros psicológicos y procedimientos de selección del personal tras los casos detectados.
06Conclusión: la conjunción de incendios accidentales o mal gestionados, la aparición de fuegos presuntamente provocados por personas vinculadas a organismos de emergencia y la presencia de ataques incendiarios con motivaciones externas evidencian riesgos multidimensionales —operativos, institucionales y de seguridad— que exigen respuestas simultáneas: mejorar protocolos y tecnologías de gestión, asegurar la trazabilidad y coordinación interinstitucional, endurecer controles y sanciones internas y reforzar la seguridad en las zonas más afectadas para proteger personal y equipos que combaten los siniestros.