«Escuelas Protegidas»: seguridad, mochilas y el corte a la gratuidad
El Senado aprobó cambios que permiten revisiones y sanciones —incluida la pérdida de gratuidad— y envió la iniciativa a la Cámara.
- 01Aprobación en Sala
- 02Revisión de mochilas
- 03Gratuidad y sanciones
- 04Política y calendario
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
La Sala del Senado aprobó en general y, tras intensos debates, despachó el proyecto «Escuelas Protegidas» al Congreso para su tercer trámite, incorporando normas sobre revisión de mochilas, presencia policial y sanciones educativas. La iniciativa añade un nuevo requisito para la gratuidad universitaria —la inhabilitación por cinco años tras condenas por delitos graves cometidos en el colegio— y autoriza protocolos de registro y revisión de efectos personales. Voces oficialistas defendieron la medida como necesaria para recuperar la convivencia; parlamentarios opositores la calificaron de punitiva y presentaron reservas de constitucionalidad. El debate también puso en tensión los plazos políticos: La Moneda buscó acelerar la tramitación para incluir el avance en la cuenta pública presidencial.
El proyecto modifica reglas básicas de convivencia escolar y procedimientos disciplinarios, con efectos prácticos sobre la privacidad de estudiantes y el acceso a beneficios estatales: las escuelas podrán incorporar en sus reglamentos protocolos para revisar mochilas ante motivos fundados, y los alumnos condenados por hechos graves quedarán inhabilitados para la gratuidad por cinco años. Es una reforma corta en artículos pero amplia en alcance institucional, que cruza seguridad, derechos de la niñez y el calendario político del gobierno.
Aprobación en Sala
La Sala del Senado aprobó en general la idea de legislar con 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, y dejó la discusión en particular para una sesión inmediata que terminó con el despacho al tercer trámite. El senador Cristián Vial (Republicanos) defendió el texto como “sensato” para fortalecer autoridad en el aula; el senador Rojo Edwards sostuvo que no hay derecho a la educación sin condiciones mínimas de seguridad; y la votación mostró divisiones entre bloques: varios parlamentarios de izquierda votaron en contra o presentaron reparos. Tras la votación en particular, la iniciativa se remitió a la Cámara de Diputados con modificaciones aprobadas por la mayoría del Senado.
Revisión de mochilas
El texto aprobado habilita a los sostenedores para incorporar en los reglamentos internos protocolos de revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales cuando existan motivos fundados, individualizados y verificables; prohíbe la desnudez, la revisión corporal y la exposición innecesaria; y obliga a registrar el procedimiento. La normativa aprobada establece que la revisión individual debe ser realizada por dos adultos del establecimiento, uno del equipo de convivencia, en un lugar privado, y que los hallazgos peligrosos se deben comunicar a apoderados y a Carabineros o la PDI. La discusión incluyó rechazo y cambios a indicaciones que intentaban delimitar la práctica (por ejemplo, fijar edades mínimas o convertir en denuncia automática la selección reiterada de grupos), lo que dejó abiertas varias precisiones para la Cámara.
Gratuidad y sanciones
El proyecto introduce un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria: no haber sido condenado con sentencia firme por delitos que atenten contra la vida, la integridad, la propiedad o la infraestructura pública, cometidos en el establecimiento; la inhabilidad propuesta es de cinco años. En el Senado fueron rechazadas alternativas para reducir ese plazo a tres años (impulsada por el senador Vlado Mirosevic) y eliminar la sanción (propuesta por la parlamentaria Beatriz Sánchez), pero se acordó que la restricción podría revocarse anticipadamente por decisión judicial. La inclusión de esta condición reconfigura un beneficio social amplio y fue uno de los ejes más controversiales del debate.
Política y calendario
El Ejecutivo presionó para acelerar la tramitación: el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), gestionó sesiones adicionales y La Moneda calificó la iniciativa con urgencia de discusión inmediata buscando incluir avances en la cuenta pública del Presidente José Antonio Kast. Pese a esos esfuerzos, el despacho total antes del 1 de junio quedó en duda y la mesa del Senado fijó la votación del articulado para días posteriores, lo que complica la estrategia comunicacional del gobierno y abre la puerta a que la Cámara de Diputados reabra cambios tras la Cuenta Pública.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo tras el homicidio de la inspectora María Victoria Reyes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, hecho que precipitó el debate sobre medidas extraordinarias de seguridad en colegios. Parlamentarios como Yasna Provoste (DC) advirtieron que el proyecto privilegia la lógica de control y sanción sobre enfoques integrales de protección y salud mental, mientras que el senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) señaló que la violencia “extrema” representa una fracción de las denuncias, lo que añade tensión sobre el alcance de las medidas. En paralelo, el texto incorpora modificaciones al Código Procesal Penal (artículo 87 ter) y a las reglas de gratuidad que ya rigen en la política educativa chilena.
Las fricciones se concentran en el alcance de las revisiones (si pueden ser masivas o solo ante motivos fundados), en la edad y condiciones para aplicarlas, y en la constitucionalidad de normas que afectan la privacidad de estudiantes; además hubo discrepancias sobre la duración y justicia de la sanción que suspende la gratuidad por cinco años.
El proyecto ya fue remitido a la Cámara de Diputados para su tercer trámite; esa Cámara revisará las indicaciones que aprobó el Senado y podrá introducir nuevos cambios. Hay una fecha política marcada por la Cuenta Pública del 1 de junio: si la Comisión o la Sala de Diputados no sesionan antes, La Moneda podría intentar forzar la citación por vía constitucional; además, las reservas de constitucionalidad presentadas por Yasna Provoste, Beatriz Sánchez y Claudia Pascual podrían derivar en pronunciamientos legales sobre artículos puntuales.