Crisis en Azul Azul: nueva querella por financiamiento y control

01Toesca AGF, en su calidad de liquidadora de los fondos de la quebrada administradora Sartor AGF, presentó una nueva querella que busca llevar a la vía penal la cadena de financiamiento que permitió la adquisición y posterior mantenimiento del control accionario de Azul Azul (concesionaria de Universidad de Chile). La acción judicial imputa, entre otros, delitos de negociación incompatible y administración desleal y está dirigida contra exdirectores de Sartor y sociedades vinculadas a la operación.

02La querella describe una estructura mediante la cual recursos de los fondos Leasing, Táctico y Proyección administrados por Sartor habrían sido canalizados —directa o indirectamente— para financiar al FIP Tactical Sport, vehículo que en 2021 compró a Carlos Heller el 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul. Según Toesca, esos recursos no provinieron de aportes efectivos de los partícipes del FIPTS ni de patrimonio propio del fondo, sino de una cadena de créditos, pagarés y sociedades relacionadas.

03Toesca detalla montos y mecanismos: fondos públicos Leasing y Táctico habrían inyectado cerca de $7.200 millones a Inversiones Cerro El Plomo SpA (sociedad cuyo único accionista era el Fondo Leasing), y el Fondo Proyección habría contribuido con aproximadamente $1.100 millones; esos recursos luego habrían sido transferidos al FIP Tactical Sport para concurrir al pago de la oferta pública de adquisición. En la querella se mencionan pagarés por $3.276 millones y $3.900 millones, y otro por $2.616 millones suscrito por Asesorías e Inversiones Sartor S.A.

04La investigación también enfatiza la operación de refinanciamiento ligada a Banco Santander y la emisión del llamado “bono bulla” en 2022 por UF 400.000 (aproximadamente $14.000 millones), que habría permitido prepagar un crédito puente mediante neteo, transformando exposiciones vinculadas al Grupo Sartor en instrumentos transables y capturando flujos futuros de Azul Azul derivados del contrato de televisión con TNT, sobre los cuales existieron prendas y mandatados para cobro directo.

05Un hecho clave que agrava las sospechas es la compra en diciembre de 2024: Inversiones Antumalal Limitada, ligada a Michael Mark Clark Varela, adquirió el 90% de las cuotas del FIPTS y con ello pasó a controlar el 100% del vehículo que poseía el paquete mayoritario de Azul Azul. Toesca sostiene que esa compra no implicó pago efectivo proporcional al precio originalmente pagado por el control (US$15,5 millones en 2021), y denuncia un conflicto de interés estructural pues Clark, según la querella, actuó simultáneamente como director de Sartor AGF, presidente de Azul Azul y controlador de la sociedad compradora.

06Las diligencias judiciales recientes incluyen un allanamiento autorizado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a las oficinas de Azul Azul S.A., al Centro Deportivo Azul, al domicilio de Michael Clark y a otras sociedades vinculadas, en el marco de la investigación penal sobre Sartor AGF. La situación se suma a sanciones administrativas previas de la Comisión para el Mercado Financiero (multas, inhabilidades y revocación de autorización) contra exsocios y directores de la AGF.

07Toesca solicita ampliar la investigación penal (citación de imputados, levantamiento de información bancaria, tributaria y patrimonial, revisión de operaciones ante organismos reguladores y la ruta del bono y del contrato TNT). Los querellantes sostienen que el perjuicio para los aportantes se habría materializado en una concentración de riesgos en sociedades relacionadas, falta de garantías proporcionales y revelaciones contables incompletas que habrían deteriorado la posición patrimonial de los fondos.

08La emergencia reputacional afecta a Azul Azul: la nueva dirigencia —incluida la presidenta Cecilia Pérez— ha intentado marcar distancia indicando que la concesionaria no es investigada directamente, pero la opinión pública y un editorial reciente de La Tercera subrayan la necesidad de transparencia absoluta en la toma de control y en el financiamiento de la operación, recordando el objetivo de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales de 2005 de profesionalizar y transparentar la administración de clubes.

09Próximos pasos: la querella busca que la causa escale penalmente con la citación de los principales responsables señalados (entre ellos Pedro Pablo Larraín Mery y Michael Clark) y medidas probatorias amplias; en paralelo, quedan pendientes resultados de la investigación del Ministerio Público sobre Sartor y posibles acciones civiles y regulatorias adicionales. El desenlace será clave para despejar dudas sobre la transparencia en la toma de control de una de las instituciones deportivas más emblemáticas del país.