El Ejecutivo dice que hasta 500 serán liberados tras una amnistía; ONG y familiares denuncian incumplimientos y piden justicia.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció en Caracas que en “las próximas horas” se excarcelarán más de 500 personas y defendió que 8.740 personas han recibido libertad plena desde febrero por la ley de amnistía. El anuncio eleva la cifra previa del presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que había hablado de 300 liberaciones para esta semana. Las autoridades sostienen que la mayoría de los beneficiados estaban en libertad con medidas cautelares y que solo 314 estaban presos. Organizaciones y familiares, sin embargo, mantienen que las excarcelaciones concretas son muchas menos y exigen investigaciones sobre muertes bajo custodia.
La medida se inscribe en una amnistía aprobada en febrero que el Gobierno presenta como amplia pero que, en la práctica, excluye delitos graves y operaciones militares; además, las autoridades aplican excarcelaciones paralelas fuera de la norma. Familiares y ONG exigen libertad plena para todos los presos políticos y una investigación independiente por muertes en custodia, como la de Víctor Quero Navas. La discrepancia entre los balances oficiales y los recuentos de organizaciones legales ha convertido las liberaciones en objeto de disputa y protesta pública. El anuncio, además, llega en un contexto de presión internacional sobre la situación de los detenidos.
Delcy Rodríguez ofreció el balance oficial en un acto transmitido por el canal estatal VTV y dijo que 8.740 personas han recibido “libertad plena” desde la entrada en vigor de la amnistía en febrero. Señaló que de ese total solo 314 estaban detenidas en cárceles y que el resto cumplía medidas cautelares, y aseguró que las excarcelaciones seguirán en las próximas horas. El anuncio de la mandataria también elevó el número previsto de liberaciones esta semana, que pasó de 300 a más de 500 según su relato. La declaración del Ejecutivo busca mostrar avances en un tema que ha generado críticas nacionales e internacionales.
““Así que 8.740 es el balance de estos 63 días efectivos de vigencia de la ley de amnistía””— Delcy Rodríguez
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció días antes que 300 personas serían liberadas esta semana y detalló que las medidas habían comenzado con la excarcelación de una adolescente de 16 años y la de Merys Torres de Sequea, de 71 años. Rodríguez explicó que algunas liberaciones responden a condiciones de edad, ser menores o padecer patologías, y que también se incluiría a mujeres embarazadas o lactantes. Su anuncio ubicó la iniciativa en un marco de “beneficios” aplicados más allá de la ley de amnistía. La declaración del diputado se produjo en la sesión ordinaria de la Asamblea y fue citada por medios y agencias.
“«Entre el día de ayer (lunes) y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos, en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología, se está cumpliendo…»”— Jorge Rodríguez
En la primera tanda vinculada al anuncio, fueron excarcelados tres expolicías de la antigua Policía Metropolitana de Caracas —Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina—, presos desde 2003 por hechos relacionados con los sucesos de 2002, confirmó la ONG Foro Penal. Esos liberados eran considerados los presos políticos más antiguos del país, con condenas de hasta 30 años. Foro Penal ha seguido y verificado excarcelaciones y consignó que el número real de liberaciones esta semana difiere de los balances oficiales. La ONG también mantiene un registro general de detenidos por motivos políticos que contradice las cifras gubernamentales.
Familiares y activistas realizaron una marcha silenciosa hasta el Ministerio del Servicio Penitenciario para denunciar las muertes bajo custodia del Estado y exigir libertad plena para todos los presos políticos. En la protesta, miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) colocaron cinta adhesiva en los labios y llevaron un ataúd de cartón con los nombres de detenidos fallecidos. Andreína Baduel, del CLIPP, dijo que las movilizaciones buscan visibilizar violaciones que se repiten desde 2014. La marcha subrayó el reclamo de que las excarcelaciones parciales no satisfacen las demandas de las familias.
“«Estamos denunciando lo que sigue pasando en Venezuela»”— Andreína Baduel
Familiares también protestaron ante la Fiscalía en Caracas para denunciar el incumplimiento de ‘acuerdos’ pactados con ese organismo sobre la entrega de documentación y el tratamiento de denuncias por violaciones a derechos humanos. Hiowanka Ávila, portavoz de los familiares, afirmó que esperaban la recepción de un dossier con denuncias que aún no ha sido respondido por la Fiscalía. Las agrupaciones sostienen que, pese a anuncios oficiales, la cifra de excarcelaciones verificadas es mucho menor y que quedan centenares de presos políticos; Foro Penal cifra actualmente en 409 los detenidos con ese estatus. La tensión entre familias, ONG y órganos estatales persiste mientras crecen las demandas de transparencia.
“«En nuestra última visita acá, a la Fiscalía, hubo acuerdos que fueron incumplidos por parte de este organismo del Estado… aún no tenemos respuesta»”— Hiowanka Ávila
Existe una discrepancia clara entre los balances del Ejecutivo —que habla de 8.740 beneficiados por la amnistía y hasta 500 excarcelaciones inmediatas— y los recuentos de ONG y defensores, que esta semana verificaron entre 25 y 43 liberaciones en distintos listados o mantienen un registro de 409 presos políticos. Las organizaciones sostienen además que la amnistía no cubre numerosos casos porque excluye delitos como corrupción, homicidio y operaciones militares, lo que complica la evaluación sobre quién queda efectivamente en libertad.
El próximo hito observable será la verificación, por parte de ONG y familias, de las liberaciones que el Ejecutivo promete en 'las próximas horas' y el cotejo de esos listados con los registros judiciales. Al mismo tiempo, las demandas de una investigación independiente sobre muertes en custodia —como la de Víctor Quero Navas— siguen pendientes y centrarán la atención de las organizaciones de derechos humanos. Las respuestas de la Fiscalía y el cumplimiento efectivo de los acuerdos anunciados marcarán el ritmo del conflicto entre víctimas, sociedad civil y el Estado.