La discusión enfrenta propuestas de acortar años de pregrado con advertencias sobre calidad formativa y impacto regional.
El debate sobre acortar la duración de las carreras universitarias se instaló en Chile durante mayo, con columnas que propusieron reducir años de pregrado y otras que lo cuestionaron desde la academia y las regiones. Mientras la OCDE registra una duración promedio de pregrado de 3,7 años, en Chile los programas pueden extenderse hasta seis años; esa diferencia alimenta la discusión sobre empleabilidad, costos y pertinencia del modelo formativo. Cristóbal Villalobos, académico de la Facultad de Educación de la UC, advirtió que centrar la reforma solo en acortar la duración es un error que simplifica el problema y obvia objetivos formativos más amplios.
La crítica se apoya en tres líneas: que la discusión reduce todo a costos estatales, que no considera la necesidad de repensar la secundaria y las transiciones educativas, y que podría empobrecer la formación transversal y las humanidades. Villalobos recordó que países con títulos más cortos, como España y Portugal, han mostrado también altos niveles de desempleo estructural —citado por encima del 25% en la última década— y que temas contemporáneos como la inteligencia artificial, la salud mental estudiantil y la diversidad de perfiles requieren trayectorias más flexibles y mecanismos de reconocimiento de saberes previos. Desde las regiones, por su parte, se subraya que universidades regionales cumplen funciones sociales y económicas que van más allá de una rápida inserción laboral, especialmente en territorios como La Araucanía.
Ambos textos coinciden en que la salida más sensata no es acortar años de manera aislada sino abrir una discusión amplia sobre innovación docente, articulación con la enseñanza media y fortalecimiento del reconocimiento de aprendizajes previos; la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior en Chile apunta en esa dirección. El próximo hito observable será si las políticas públicas y las universidades trasladan ese debate a propuestas concretas sobre trayectorias flexibles, microcredenciales y cambios curriculares que equilibren empleabilidad y función social.