La indicación para que hospitales y colegios entreguen datos de migrantes genera choque interno y debate legal inmediato.
La ministra de Salud, May Chomali, se desmarcó del Ejecutivo y dijo que mira “con bastante preocupación” la indicación que pide a recintos de salud y establecimientos educacionales entregar antecedentes de migrantes irregulares. La iniciativa, presentada ante la Comisión de Gobierno del Senado por el subsecretario Máximo Pavez y el director de Migraciones Frank Sauerbaum, fue respaldada por el Presidente José Antonio Kast. El Gobierno insiste en que la medida busca facilitar procesos de expulsión y sanción; Chomali advierte que podría chocar con el Código Sanitario y la Ley de Derechos y Deberes del Paciente.
El choque abre una doble tensión: por un lado, la urgencia del Ejecutivo por fortalecer controles migratorios; por otro, los límites legales y sanitarios que impone la protección de datos en atención médica. La controversia suma a ministros de Interior y Salud, al director nacional de Migraciones y al propio Presidente, y traslada la disputa a la tramitación legislativa. El resultado podrá definir si la indicación se mantiene, se corrige o queda supeditada a salvaguardas explícitas.
La secretaria de Estado explicó en Radio 13c que la información obtenida en el contexto de una atención sanitaria está protegida por normas y que desde Salud no pueden entregar esos antecedentes sin vulnerar el marco legal. Chomali sostuvo que negarle atención a un migrante sería inaceptable y puso el acento en el riesgo sanitario de generar miedo entre pacientes. La ministra dijo que el asunto ya ha sido conversado en el comité de ministros y que su cartera defenderá las protecciones legales existentes.
“Nosotros no podemos desde el Ministerio de Salud informar de estos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria”— May Chomali
Desde La Moneda replicaron que no existe descoordinación y que la indicación no pretende vulnerar la Ley de Protección al Paciente, sino adecuar procedimientos al nuevo marco jurídico sobre datos. El ministro del Interior afirmó que la medida busca apoyar a Migraciones y a la PDI cuando haya un proceso en curso, y que las preocupaciones de Salud están incorporadas. La explicación busca despejar temores sobre una obligación general de denuncia por parte de hospitales y colegios.
“Yo creo que no es materia de preocupación en los términos que lo plantea la señora ministra de Salud.”— Claudio Alvarado
El subsecretario Máximo Pavez, uno de los impulsores, detalló ante la Comisión de Gobierno que la indicación solo opera cuando existe un procedimiento en el marco de la Ley de Migraciones, con el objetivo de facilitar notificaciones y ubicar a personas sujetas a sanción o expulsión. Pavez negó que la iniciativa contenga la obligación de reportar de manera generalizada y sostuvo que el espíritu es operativo para ejecutar actos administrativos y judiciales vinculados a migración.
“Lo único que propone la indicación es que, habiendo un procedimiento en el marco de la Ley Migratoria, ... la autoridad migratoria respectiva pueda contar con información para poder ejecutar esos procedimientos”— Máximo Pavez
El Presidente José Antonio Kast salió a contener el flanco y defendió el fondo del proyecto, al tiempo que admitió que pueden hacerse ajustes. Kast justificó la necesidad de “algún grado de alerta” cuando personas no se identifican en servicios y planteó la posibilidad de corregir la indicación si hay elementos que resolver. Al mismo tiempo reafirmó la línea dura del Ejecutivo en materia migratoria, apuntando a mayor control y retornos para quienes ingresen irregularmente.
“Necesitamos algún grado de alerta”— José Antonio Kast
Especialistas y autoridades sanitarias advierten que la medida puede generar un efecto disuasorio entre pacientes migrantes, con riesgos de salud pública como subregistro de enfermedades transmissibles; la ministra Chomali usó un caso de tuberculosis en Azapa para ilustrar ese peligro. También hay preguntas prácticas sobre cómo se compatibilizará el intercambio de datos con la Ley de Protección de Datos y el Código Sanitario. La tensión refleja un cruce de prioridades entre control migratorio y salvaguarda de derechos y salud colectiva.
El núcleo del desacuerdo es si la indicación implica una obligación general de reportar pacientes migrantes, algo que el Gobierno niega y limita a procesos en curso, o si, en la práctica, vulnera protecciones establecidas por el Código Sanitario y la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, como sostiene Salud. También difieren en la interpretación de cuán amplio debe ser el acceso de Migraciones y la PDI a datos personales.
El próximo hito será la continuación de la tramitación: la indicación seguirá siendo analizada en instancias internas del Ejecutivo y en la Comisión de Gobierno del Senado, donde podrían proponerse modificaciones para acotar su alcance o incorporar salvaguardas expresas. La Moneda ya adelantó disposición a corregir puntos, por lo que habrá que seguir los textos legales y las indicaciones que ingresen antes de que avance al pleno.