La secretaria de Salud advierte contra el envío de datos clínicos por protección legal y riesgos sanitarios; la propuesta del Ejecutivo —respaldada por el Presidente— sigue en discusión (15 de mayo de 2026).
01La ministra de Salud, May Chomali, expresó "bastante preocupación" por una indicación impulsada por el Ejecutivo que obligaría a recintos de salud (públicos y privados), establecimientos educacionales y otros organismos a entregar antecedentes personales de extranjeros sujetos a procedimientos migratorios, como domicilio, teléfono y correo electrónico, a Migraciones o la Contraloría.
02La indicación, presentada por el subsecretario del Interior Máximo Pavez y el director nacional de Migraciones Frank Sauerbaum, busca que las instituciones compartan datos de extranjeros "que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación"; la propuesta incluso contó con el respaldo público del Presidente José Antonio Kast.
03Chomali advirtió que no pueden desde el Ministerio de Salud "informar de estos temas", porque esa información se obtiene en el contexto de una atención sanitaria y está protegida por el Código Sanitario y la Ley de Deberes y Derechos del Paciente. "Eso lo vamos a defender absolutamente", afirmó, subrayando que la cartera no puede ni debe negar la atención de salud por la situación migratoria.
04La ministra también puso el acento en el riesgo sanitario de restringir el acceso a la atención: relató un caso reciente en Azapa donde se trataba a un migrante con tuberculosis y dijo que garantizar su tratamiento evitó un posible contagio a otras personas. Según Chomali, generar temor entre pacientes migrantes podría afectar la salud pública.
05En el Gobierno la iniciativa ya ha sido discutida en el comité de ministros. Chomali señaló que revisarán cómo se alinea esta indicación con otras políticas internas, mientras que el subsecretario Máximo Pavez aclaró que la entrega de información a PDI o Migraciones "solo aplica cuando se verifica un proceso de expulsión" y sirve para efectuar notificaciones, indicando que no se trata de una obligación general de denuncia o reporte.
06Además de su postura frente a la indicación migratoria, Chomali defendió recortes y ajustes presupuestarios planteados por Hacienda para el Ministerio de Salud, llamando a los hospitales a controlar gastos no vinculados directamente a la atención (horas extraordinarias innecesarias, compras de medicamentos y contratos), pero aseguró que no dejarán de operar ni de atender pacientes en caso de restricciones presupuestarias: la reducción de la brecha se haría en el tiempo.
07El episodio deja una tensión abierta entre la intención del Ejecutivo de ordenar prestaciones y controles migratorios y las obligaciones legales y sanitarias que protegen la confidencialidad y el acceso a la atención médica; la discusión continuará en instancias internas del Gobierno y en la comisión parlamentaria donde se tramita la indicación.