El organismo aplicó —por primera vez en más de una década— la medida de suspensión a un jefe jurídico del Senda (14 de mayo de 2026) por no entregar antecedentes sobre funcionarios con licencia que fueron a casinos; en diciembre se dictó la destitución de un alcalde por uso indebido de vehículo fiscal y conducción en estado de ebriedad.
01La Contraloría General de la República ha aplicado en días recientes medidas disciplinarias contra funcionarios públicos, destacando la suspensión de quien ocupa el cargo de jefe jurídico del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), resuelta el 14 de mayo de 2026, y la destitución, informada en diciembre de 2025, del alcalde de Vichuquén tras una investigación por uso indebido de vehículo fiscal y conducción en estado de ebriedad.
02La suspensión del jefe jurídico del Senda se fundamenta en la “reiterada falta de respuesta e incumplimiento de la obligación de informar el inicio de procedimientos sumariales” relacionados con el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°15, que en agosto de 2025 detectó funcionarios públicos que, durante su licencia médica, asistieron a casinos de juego. La medida rige desde el 14 de mayo y se mantendrá hasta que Senda entregue los antecedentes requeridos, ya sea a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) o por referencia formal, conforme a la normativa vigente.
03Según la investigación vinculada al CIC N°15, en agosto de 2025 se detectó que más de 13.000 servidores públicos asistieron a casinos en vez de guardar reposo durante licencias médicas; Emol identifica al funcionario suspendido como Pablo Toribio. La Contraloría explicó que la suspensión se sustenta en la necesidad de contar con los antecedentes para tramitar los procesos disciplinarios con transparencia y celeridad.
04La resolución de la Contraloría invoca el artículo 9 de la Ley N° 10.336, que faculta “al contralor general para requerir directamente datos e informaciones a las autoridades y a cualquier funcionario”, y establece que la falta de cumplimiento puede sancionarse con multa de hasta quince días de remuneraciones o con la medida de apremio consistente en la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable hasta que se remitan los antecedentes o informes requeridos. El organismo destacó que es la primera vez en más de 10 años que aplica esta herramienta coercitiva.
05En contraste, la Contraloría también ha aplicado sanciones definitivas: en diciembre de 2025 resolvió la destitución del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, tras una investigación sumaria por uso indebido de vehículo fiscal. Los hechos ocurrieron el 19 de septiembre de 2025, cuando Rivera fue detenido conduciendo en estado de ebriedad en la comuna de Hualañé; la prueba de alcotest arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por sobre el límite legal de 0,8 g/L. La resolución administrativa fue comunicada por la CGR el 22 de diciembre y el exalcalde puede interponer recursos contra la medida.
06Tras la resolución, Patricio Rivera publicó en sus redes sociales una declaración de disculpa en la que señaló: “Errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho. No le hice daño a nadie, pero claramente fallé, les pido disculpas a quienes desilusioné (…). No me arranqué, asumí el error como corresponde”. La Contraloría enfatizó que estas decisiones forman parte de sus facultades para resguardar el uso correcto de los recursos y la conducta de quienes desempeñan cargos públicos.
07En conjunto, los casos evidencian una actuación más proactiva de la Contraloría en el control disciplinario: desde aplicar por primera vez en más de una década la medida de suspensión por entrega de información incompleta o tardía, hasta ejecutar destituciones por uso indebido de bienes fiscales y faltas graves en el ejercicio de funciones, lo que refuerza el énfasis en transparencia y responsabilidad administrativa en el sector público.