El ministro presentará la estrategia la próxima semana; incluye urgencia para más de 20 proyectos que apuntan a reforzar a las policías.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, informó que en los próximos días llevará al Senado un “paquete legislativo muy robusto” sobre seguridad, con urgencia para más de 20 proyectos y medidas para repotenciar el Plan Cuadrante. La presentación formal está fijada para el 2 de junio, tras una ronda de reuniones con mandos policiales y el fiscal nacional, Ángel Valencia. Arrau anunció además la convocatoria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la constitución del Consejo Asesor exigida por la ley. El anuncio ocurre en medio de episodios de violencia callejera, como la quema de una micro en las cercanías de la Usach, que el ministro mencionó al referirse a la necesidad de medidas inmediatas.
El anuncio marca el primer intento del gobierno de José Antonio Kast por transformar promesas de campaña en iniciativas legislativas concretas y en coordinaciones interinstitucionales. Arrau sostuvo que el Ejecutivo operará sobre la Política Nacional de Seguridad Pública vigente, pero impulsará ajustes operativos y una batería de leyes con prioridad. La medida busca responder tanto al aumento de delitos complejos —como crimen organizado y secuestros— como a las críticas políticas sobre la existencia de un plan propio. La comparecencia en el Senado será la primera prueba pública para detallar plazos y alcances.
Arrau detalló que el paquete incluirá cambios normativos y legales, y que más de 20 proyectos serán elevados con suma urgencia en las próximas semanas. Además anunció medidas operativas para fortalecer la labor policial y afirmó que su gabinete repotenciará el Plan Cuadrante como eje territorial. El ministro aseguró que el plan fue trabajado con el grupo de seguridad del Partido Republicano durante más de un año y que parte fue conocida en la campaña presidencial.
“El Presidente José Antonio Kast fue electo por su contundente plan y estrategia en cuanto efectivamente al combate del delito”— Martín Arrau
Tras su primera reunión protocolar con el fiscal nacional, Ángel Valencia, Arrau dijo que abordaron coordinación en la persecución penal y capacidades concretas para enfrentar crimen organizado y secuestros. El ministro señaló que existen equipos conjuntos como ECOH que seguirán funcionando y que revisarán más de 100 iniciativas para ajustar la respuesta institucional. La cita busca afianzar la coordinación entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público antes de la exposición en el Congreso.
En paralelo, Arrau afirmó que el gobierno operará bajo la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada en el gobierno anterior y la calificó como “suficiente” para servir de marco legal. Dijo que la ley que creó el ministerio exige estrategias operativas y que su administración hará ajustes y pondrá en marcha acciones concretas sin partir de cero. Esa posición busca conciliar continuidad institucional con las prioridades de la nueva administración.
Las declaraciones de Arrau ya generan roce político: la exministra Camila Vallejo cuestionó que los dichos del Ejecutivo denoten la ausencia de un plan propio y pidió claridad sobre las medidas. Arrau respondió descartando esa interpretación y reiteró que el detalle será expuesto ante los parlamentarios la próxima semana. El intercambio acrecienta el debate sobre continuidad versus cambio en las políticas públicas de seguridad.
En materia migratoria, Arrau invocó avances en expulsiones administrativas y citó conversaciones diplomáticas para acelerarlas; recordó que ya se han completado tres vuelos de retorno. El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, advirtió sobre límites prácticos al cumplimiento de metas y dijo que “nadie está obligado a lo imposible”, frase que el ministro tomó como antecedente en la discusión operacional. La combinación de medidas legislativas y operativas incluirá, según el Ejecutivo, recursos para control fronterizo.
“nadie está obligado a lo imposible”— Frank Sauerbaum
Lo disputado es si existe o no un plan propio del nuevo gobierno y qué tanto parte de la iniciativa es continuidad de la política promulgada por el gobierno anterior. Arrau sostiene que la Política Nacional vigente es suficiente como marco y que su gestión la aplicará y ajustará; críticos como Camila Vallejo y la exministra Trinidad Steinert han señalado que no hay un plan concreto presentado hasta ahora. También hay diferencias sobre ambición y plazos: el Ejecutivo promete urgencias legislativas, la oposición pide detalles operativos y resultados medibles.
El próximo hito es la comparecencia de Arrau ante la Comisión del Senado el 2 de junio, cuando deberá detallar el paquete de medidas, los plazos de urgencia y la coordinación con Policía y Ministerio Público. También queda por ver la convocatoria efectiva y decisiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la constitución del Consejo Asesor, pasos administrativos que marcarán la velocidad de implementación.