Encuesta registra amplio apoyo al ajuste ministerial, caída en la aprobación presidencial y fuerte escepticismo sobre el plan de seguridad.
La encuesta Plaza Pública de Cadem, divulgada a mediados de mayo, mostró que 87% de los consultados aprueba el cambio de gabinete impulsado por el presidente José Antonio Kast. Al mismo tiempo, el sondeo recoge un fuerte escepticismo sobre la agenda de seguridad del gobierno —64% cree que no existe un plan concreto— y divisiones sobre los nombramientos recientes. La percepción ciudadana también sitúa las comunicaciones y la lucha contra la delincuencia entre las áreas peor evaluadas de la administración. Los porcentajes de aprobación presidencial varían entre 36% y 40% según las distintas entregas del estudio y el momento en que se publicó cada avance.
Los resultados transforman el ajuste ministerial en un termómetro político: el respaldo ciudadano al recambio puede aliviar la presión comunicacional del Ejecutivo antes de la primera Cuenta Pública del 1 de junio, pero no atenúa la desconfianza sobre estrategias clave. Seguridad e inmigración, ejes de campaña del Presidente, aparecen como déficits de credibilidad que limitan la capacidad del gobierno para capitalizar el apoyo al gabinete. Además, episodios internos —como la salida del exsubsecretario Rafael Araos— tensan la narrativa entre criterios técnicos y decisiones políticas. El escenario plantea un doble reto: recomponer la imagen sin resolver las dudas sobre políticas centrales.
El respaldo al ajuste ministerial fue masivo: 87% aprueba la remoción de las ministras Trinidad Steinert y Mara Sedini, y 68% evalúa el cambio como positivo o muy positivo. Sobre las razones del recambio, 48% lo atribuye a mala gestión de los ministros, 42% apunta a problemas de comunicación política y 41% a un intento de mejorar la imagen del Ejecutivo antes de la cuenta pública. El muestreo de Cadem se aplicó en distintas fechas y tamaños de muestra, pero la tendencia de aceptación del ajuste se repite en los avances publicados la tercera semana de mayo. Ese respaldo explica la lectura oficial de que el relevo aminora presiones inmediatas sobre La Moneda.
La aprobación presidencial aparece débil y con variaciones según las entregas del estudio: algunos avances la sitúan en 40%, mientras otros registran el peor registro del mandato, 36%. El gobierno intentó mostrar recuperación tras el ajuste, pero la continuidad de altos niveles de desaprobación —entre 55% y 58% en distintos cortes— mantiene la presión política. Ese deterioro recalca la vulnerabilidad del Ejecutivo ante temas que la ciudadanía percibe como incumplidos o mal gestionados.
“Respecto del tema de migrantes, claro, quizás la palabra era hipérbole, no metáfora.”— José Antonio Kast
La percepción sobre seguridad es el talón de Aquiles del gobierno: 64% no cree que exista un plan concreto y 61% considera imposible la promesa de expulsar a 300.000 migrantes en situación irregular. Pese a ello, iniciativas como el 'Plan Escudo Fronterizo' mantienen apoyo mayoritario en torno al 57%, y crece el respaldo a medidas restrictivas migratorias. La exministra María Trinidad Steinert reconoció las dificultades del cargo y señaló que no esperaba la demanda por “la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”.
“Hay aspectos que sí han sido más complejos, que me llaman la atención. Por ejemplo, esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”— María Trinidad Steinert
Las reacciones a los nombres del nuevo gabinete son mixtas: el biministro Claudio Alvarado recibió un 47% de respaldo como vocero, Louis de Grange obtuvo 43% de respaldo por sumar Obras Públicas, y la designación de Martín Arrau en Seguridad logró solo 38% de apoyo. Además, 54% estima que concentrar dos carteras en una sola persona representa demasiado trabajo. Esos números muestran que, si bien la ciudadanía aprobó el ajuste, existe cautela sobre la eficacia y capacidad de los nuevos responsables.
La salida de Rafael Araos de la Subsecretaría de Ciencia introdujo un foco adicional de tensión: 63% de los encuestados conocía su renuncia y 60% tiende a creer la versión del exsubsecretario, que vinculó su salida a presiones para firmar despidos. Ese episodio alimenta cuestionamientos sobre la relación entre criterios técnicos y decisiones políticas dentro del Ejecutivo y mina la cohesión interna en ministerios sensibles. La controversia elevó el perfil público del conflicto y complicó la narrativa oficial sobre orden y gestión.
Las entregas de Cadem reportan cifras distintas para la aprobación presidencial en fechas cercanas: algunos avances sitúan el respaldo en 40% tras el cambio de gabinete, mientras otros registran 36% como el peor nivel del mandato. Esa diferencia responde a cortes de muestra y a la publicación escalonada de resultados durante la tercera semana de mayo, lo que genera titulares contrapuestos sobre el estado político del Presidente.
El próximo hito político es la Cuenta Pública del 1 de junio, donde el gobierno intentará mostrar gestión y agenda clara; ese acto será seguido de cerca por la opinión pública y por la evolución de las mediciones de Cadem. También quedan pendientes decisiones sobre la articulación de la política de seguridad y las iniciativas legislativas en materia migratoria, cuyos avances marcarán si el ajuste ministerial logra sostenerse en el tiempo.