Proyecto focalizado al 80% más vulnerable entrega reembolsos por boleta vía Bolsillo Familiar Electrónico; tope fiscal inicial de US$100 millones.
El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone reembolsar el IVA (19%) pagado en medicamentos esenciales y pañales, mediante transferencias al Bolsillo Familiar Electrónico. El beneficio estará focalizado en el 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares y contempla perfiles específicos: madres de niños hasta 24 meses, adultos mayores con condiciones médicas y pacientes crónicos. El Instituto de Previsión Social (IPS) ejecutará los pagos mensuales una vez validadas boletas y recetas electrónicas. El gasto anual no podrá exceder los US$100 millones en el primer año de vigencia.
La iniciativa nace de un acuerdo con el Partido de la Gente para facilitar la tramitación de la llamada “megarreforma” tributaria y busca aliviar el gasto familiar frente al alza de precios. No aplica como descuento en el punto de venta: las compras se pagan completas y el Estado devuelve luego el 19%, lo que implica un sistema administrativo de validación de boletas, recetas y certificados. El tope fiscal y el procedimiento de financiamiento —con suplementos desde el Tesoro y ajustes vinculados a ingresos estructurales— condicionan la escala y duración del beneficio.
El proyecto delimita quiénes podrán postular: madres de niños y niñas hasta 24 meses, personas mayores de 65 años que acrediten condiciones médicas específicas para uso de pañales, y pacientes con tratamientos permanentes que compren fármacos incluidos en la cobertura que definirá el Ministerio de Salud. En casos de dependencia severa, el reembolso podrá recibirlo la persona cuidadora debidamente acreditada. La acreditación de causantes infantiles exigirá inscripción en el Registro Civil e identificación que se cruzará con el Registro Social de Hogares.
El mecanismo operativo exige que el beneficiario pague íntegramente el producto en el comercio formal que emita boleta electrónica; luego solicitará el reembolso y el Estado transferirá el monto al Bolsillo Familiar Electrónico administrado mediante la CuentaRUT. El Instituto de Previsión Social será el encargado de ejecutar los pagos mensuales según las nóminas que remita Desarrollo Social, tras la validación de boletas electrónicas y, en el caso de medicamentos, la existencia de receta médica electrónica vigente.
El tope de financiamiento previsto para el primer año es de US$100 millones —equivalente a poco más de $90 mil millones anuales según el Ejecutivo— y su mayor costo inicial se cargará al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con suplementación desde la Partida del Tesoro Público por parte del Ministerio de Hacienda. Posteriormente, la ley se financiará con recursos de la ley de presupuestos del sector público y el límite anual se ajustará conforme a la tasa de crecimiento de los ingresos estructurales calculada por la Dirección de Presupuestos.
La medida surgió como parte del acuerdo con el Partido de la Gente para destrabar la tramitación de la denominada megarreforma tributaria, y el texto incorpora mecanismos para evitar fraude: sanciones por falsificación de datos y un ‘embudo’ de validación digital de solicitudes. Queda pendiente la elaboración del reglamento y la confección de la lista de medicamentos incluidos, que corresponderá al Ministerio de Salud y definirá el alcance real del beneficio en las farmacias.
El próximo hito es la tramitación parlamentaria: el proyecto deberá pasar por comisión y sala, donde se podrán proponer indicaciones. En paralelo, los ministerios tendrán que publicar el reglamento y el listado de fármacos cubiertos; por calendario, el Ministerio de Hacienda debe verificar cualquier ajuste al tope presupuestario antes del 15 de julio para aplicarlo al ejercicio siguiente.