La medida ampliaría el margen del Ejecutivo para desplegar fuerzas en medio de bloqueos, desabastecimiento y alegatos de violencia.
El Senado boliviano aprobó en Sucre un proyecto de ley que deroga la norma de 2020 conocida como Ley de Estado de Excepción —vinculada a la llamada “ley Eva Copa”— con el objetivo de dar al presidente Rodrigo Paz mayor margen legal para emplear fuerzas de seguridad ante las protestas y los bloqueos que afectan desde hace semanas a La Paz y El Alto, provocando desabastecimiento de alimentos y combustibles. La iniciativa, impulsada por el diputado Carlos Alarcón de la alianza Unidad, busca eliminar las restricciones parlamentarias que regulaban la declaración de medidas excepcionales.
La votación profundizó la polarización: Alarcón dijo que la ley vigente “ata de pies y manos” al Ejecutivo, mientras que la Vicepresidencia a cargo de Edmand Lara y la Central Obrera Boliviana rechazaron la derogación por el riesgo de uso excesivo de la fuerza. Sectores cívicos y empresariales, entre ellos el Comité pro Santa Cruz, presionan por respuestas más enérgicas para desbloquear rutas, y en paralelo la Iglesia Católica de Bolivia, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias exigieron el cese de la violencia y una investigación independiente tras enfrentamientos en la carretera La Paz–Oruro donde hubo heridos y un fallecido.
El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde está previsto su debate este martes; si es ratificado podría quitar límites temporales y mecanismos de control parlamentario que imponía la norma de 2020 y, en la práctica, ampliar las facultades del Ejecutivo para aplicar estados de excepción. La Constitución (artículo 137) permite declarar medidas por conmoción interna pero establece que no pueden suspenderse garantías ni derechos fundamentales, un marco legal que será clave en el debate que sigue abierto.