Oleada de pesquisas por presuntas irregularidades en municipios y organismos públicos

01En los últimos meses se ha registrado una serie de investigaciones y acciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en municipios y organismos públicos: la Fiscalía presentó una acusación contra la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga; la Contraloría pidió la restitución de fondos vinculados a la Corporación de Viña del Mar; la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por falencias en la Dirección de Crédito Prendario (Tía Rica); y en Peñalolén se activaron indagatorias por un déficit millonario atribuido a la administración anterior. Estos procesos, algunos ya con solicitudes de apertura de juicio oral o reparos administrativos, reflejan un foco concentrado en probidad municipal y control de recursos públicos.

02La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente cerró la investigación en contra de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga y presentó una acusación que la imputa por cuatro delitos: fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. El Ministerio Público solicitó penas que, en conjunto por los delitos en carácter de reiterados, pueden sumar entre cinco años y un día hasta diez años y un día por cargo, además de multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos; la causa quedó a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral.

03La arista que vincula al exdiputado Joaquín Lavín con la investigación de Maipú cobró fuerza: el abogado querellante de la Municipalidad, José Pedro Silva, afirmó que la indagatoria contra Lavín surgió a partir de la investigación contra Barriga y sostuvo que “para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”, vinculando el caso de Lavín y la eventual participación de intermediarios y la imprenta MMG. El municipio, que figura como querellante, ha señalado que las pesquisas incluyen imputaciones por falsificación, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

04En Peñalolén, una auditoría ordenada por la nueva administración detectó un déficit muy superior al estimado inicialmente: la revisión arrojó un desfase por $16.318.389.000 atribuible a la gestión de la exalcaldesa y actual subsecretaria Carolina Leitao (2021-2025). La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación de oficio por presuntos delitos asociados a ese déficit y despachó diligencias a la Brigada Anticorrupción de la PDI; además se han incautado equipos y materiales en el marco de la indagatoria y el alcalde Miguel Concha declaró ante la investigación.

05Frente a las acusaciones en Peñalolén, Carolina Leitao ha salido a defenderse públicamente: en una entrevista con CNN Chile afirmó estar “tranquila” porque, siendo abogada, tiene convicción de haber actuado conforme a la ley y denunció que la presentación del caso por parte del nuevo alcalde ha tenido un “show bastante pirotécnico” y responde, a su juicio, a una “desmedida necesidad de figuración”. Paralelamente, la exalcaldesa fichó al académico y especialista en derecho procesal Matías Insunza como su abogado defensor para la causa que se tramita en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago.

06En Viña del Mar, la Contraloría Regional de Valparaíso interpuso un reparo y solicitó la restitución de $1.122.359.123 a la Corporación Municipal, imputando omisiones en el pago oportuno de cotizaciones previsionales y de salud durante el periodo fiscal 2020-2023 que generaron intereses, reajustes y gastos de cobranza. El órgano fiscalizador concluyó que hubo desembolsos que causaron detrimento patrimonial por sobre $1.200 millones (a junio de 2025) y atribuyó omisiones culpables tanto a la exalcaldesa Virginia Reginato como a exfuncionarios investigados; la nueva administración municipal ha señalado que, en conjunto, los reparos superan los $1.500 millones y afectan la capacidad de prestación de servicios.

07La Contraloría detectó además graves falencias en la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep, conocida como Tía Rica) y sus antecedentes fueron derivados a la Fiscalía Centro Norte: el informe identificó ausencia de controles básicos —verificación de identidad, procedencia de bienes, sistemas de alerta y coordinación con policías— y registró que 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron bienes por $1.507 millones sin recuperar las especies; entre 2023 y 2024 hubo miles de usuarios con operaciones reiteradas por montos millonarios. Tras el informe se inició un procedimiento disciplinario, la remoción del director de la Dicrep y la investigación fue asignada a la Fiscalía, que la incorporó al área de Alta Complejidad.

08Las pesquisas suman la intervención de distintas instancias: la Contraloría ha formulado reparos y entregado antecedentes a la Fiscalía; la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y la Fiscalía Metropolitana Oriente han revisado y derivado causas a unidades especializadas; y la PDI, a través de su Brigada Anticorrupción, ha practicado diligencias e incautaciones. En varios casos hay participación de estudios y querellas presentadas por las municipalidades afectadas, lo que refuerza el carácter mixto (administrativo y penal) de las investigaciones.

09El conjunto de causas tiene consecuencias políticas y fiscales: afectan a figuras de distintos sectores (desde exalcaldesas y exdiputados hasta autoridades en funciones), implican solicitudes de restitución de recursos públicos y exponen vacíos en controles municipales y de servicios públicos que, según autoridades locales, repercuten en la prestación de salud, educación y obras. Las defensas han anunciado estrategias para desvirtuar imputaciones, mientras el Ministerio Público y la Contraloría avanzan en determinar responsabilidades administrativas y penales.