La Fiscalía formalizó al conductor por homicidio frustrado tras la detención y decretaron prisión preventiva.
El conductor del taxibús de la línea Vía Láctea acusado de apuñalar a un estudiante de 21 años en el centro de Concepción fue detenido por la SIP de Carabineros y quedó en prisión preventiva tras su formalización por homicidio frustrado. El ataque ocurrió el 25 de abril cuando la víctima intentó pagar el pasaje estudiantil con un billete de $5.000; el joven sufrió un trauma torácico penetrante con laceración pulmonar. El imputado, identificado por las iniciales N.A.G.N. y de 31 años, permaneció prófugo por más de dos semanas antes de ser ubicado en San Pedro de la Paz.
La calificación como homicidio frustrado y la decisión de prisión preventiva elevan el caso más allá de un altercado por tarifa: la Fiscalía sostiene que la agresión fue intencional y hay registros que muestran persecución y uso de un arma cortopunzante. Además, la investigación incluye antecedentes del imputado y la presunta alteración de las cámaras del vehículo, lo que complica la versión del conductor. El proceso abrirá un plazo investigativo que marcará los próximos pasos judiciales.
El fiscal Andrés Barahona dirigió las diligencias que permitieron localizar y detener al imputado, y explicó que hubo debate sobre la calificación jurídica, pero el tribunal aceptó que las características del arma y las lesiones configuran un homicidio frustrado. El Ministerio Público presentó registros audiovisuales y antecedentes penales del detenido como parte de su argumentación para pedir la cautelar. La medida cautelar adoptada fue la prisión preventiva, por considerar que representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
La víctima, identificada como Roberto Melo, relató que bajó del bus para no escalar el conflicto y que fue alcanzado por el conductor: “Lo único que pensaba era: 'me morí por $300'”, dijo en su relato. Tras la agresión el joven fue atendido en el Sanatorio Alemán y recibió el diagnóstico de trauma torácico penetrante con laceración pulmonar; según los informes médicos una costilla resultó fracturada. La familia presentó la denuncia que desencadenó las diligencias policiales.
“Lo único que pensaba era: 'me morí por $300'”— Roberto Melo
La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros localizó al sospechoso en San Pedro de la Paz tras una pesquisa que incluyó revisión de cámaras y entrevistas. Carabineros informó que el imputado se dio a la fuga tras el ataque, que fue eliminado de los registros de la empresa y que, además, se constató la alteración de las grabaciones de la micro en el tramo en que ocurrió la agresión. La detención se realizó en coordinación con el Ministerio Público.
En la audiencia de control de detención el imputado, identificado por las iniciales N.A.G.N., negó intención homicida y ofreció una versión distinta: afirmó que no se percató de haber golpeado al joven y que el estudiante lo habría amenazado y roto un espejo. Su declaración fue reproducida en la audiencia y motivó que el tribunal fijara un plazo de investigación de tres meses para esclarecer contradicciones entre versiones y pruebas. Mientras tanto el conductor quedó con prisión preventiva.
“No me di cuenta de que le pegué, de verdad, se lo juro”— N.A.G.N.
El Juzgado de Garantía de Concepción acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la cautelar de prisión preventiva; además fijó un plazo de investigación para la Fiscalía. La formalización por homicidio frustrado se presentará en la próxima audiencia, donde la fiscalía deberá consolidar pruebas, peritajes y testimonios. El avance del proceso pondrá foco en las grabaciones, el peritaje del arma y los antecedentes penales del imputado.
Las versiones difieren sobre la intencionalidad y la dinámica del ataque: la Fiscalía presenta imágenes que hablan de persecución y uso deliberado de un cuchillo, mientras el imputado sostiene que no se percató de que había golpeado al joven y que actuó en reacción a amenazas y a la ruptura de un espejo. También está en disputa si las cámaras fueron manipuladas por el imputado, algo que las diligencias pretenden aclarar.
El próximo hito será la audiencia de formalización y las pericias ordenadas por el tribunal: la Fiscalía dispondrá de hasta tres meses para investigar y presentar pruebas sobre la intencionalidad del ataque y la posible manipulación de las grabaciones. Ese calendario definirá si la causa avanza a juicio o a otras medidas procesales.