La Habana eleva el tono en la ONU por el bloqueo energético; Washington mantiene presión y hay contactos militares en Guantánamo.
El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el cerco petrolero de Estados Unidos como “un acto de guerra y de genocidio” que, dijo, ya provoca muertes y empeora indicadores sanitarios. La acusación se produjo mientras La Habana ratificaba su disposición al diálogo para poner fin al bloqueo energético. En Washington, la Casa Blanca y la Justicia siguen ampliando la presión —incluida la imputación contra el expresidente Raúl Castro— y el jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, se reunió con mandos cubanos en Guantánamo. En las calles de La Habana, habitantes expresan temor por la crisis económica y escepticismo sobre una intervención militar.
El choque diplomático combina acusaciones públicas de La Habana sobre el impacto humanitario del bloqueo con pasos simultáneos de comunicación técnica entre militares en Guantánamo, mientras en Washington se añaden sanciones y cargos judiciales que tensan aún más la relación. Esa mezcla convierte una pelea política en una crisis con vertientes humanitarias, legales y de seguridad regional, y coloca al Consejo de Seguridad como escenario para mensajes dirigidos tanto a audiencias internas como internacionales. Lo que cambió fue la visibilidad: las denuncias cubanas y las medidas estadounidenses se solapan en el plano público y militar.
En Nueva York, Bruno Rodríguez acusó a Estados Unidos de aplicar «un cerco petrolero y energético» que, por sus efectos, equivale a un bloqueo naval y a un «acto de guerra y de genocidio» sobre la población cubana. Frente al Consejo de Seguridad, el canciller atribuyó además a la imputación contra Raúl Castro una motivación política destinada, dijo, a fabricar apoyo interno en EE.UU. para medidas más extremas. Rodríguez cifró impactos concretos en salud infantil y supervivencia de niños con cáncer para ilustrar lo que calificó como castigo colectivo. Al mismo tiempo pidió a la ONU intervenir para evitar una agresión militar.
“«un acto de guerra y de genocidio»”— Bruno Rodríguez
La Administración del presidente Donald Trump ha endurecido el bloqueo y promovido medidas que La Habana denuncia como un cerco energético, mientras la Justicia estadounidense presentó cargos contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996. Ese paquete de acciones combina sanciones económicas, restricciones petroleras y presiones diplomáticas dirigidas a forzar reformas políticas en la isla, según reportes sobre la política estadounidense. En círculos oficiales de Washington se justifica el castigo como respuesta a lo que consideran amenazas a la seguridad regional.
Pese al aumento de tensiones, mandos militares de ambos países mantuvieron un canal operativo: el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, y el general Roberto Legrá Sotolongo sostuvieron un intercambio en el perímetro de la estación naval de Guantánamo sobre seguridad perimetral y protección del personal. El Comando Sur describió la visita como una evaluación de la preparación operativa y de la seguridad de la base; el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba valoró positivamente el encuentro y acordó mantener comunicación entre mandos. El gesto técnico añade una capa de gestión práctica en un contexto político álgido.
En La Habana, el Gobierno publicó además la lista de 2.010 presos indultados en abril, un decreto firmado por el presidente Miguel Díaz‑Canel que el Ejecutivo presentó como un gesto humanitario y soberano. El anexo incluye nombres, causas y tribunales, y el Ejecutivo afirmó que se excluyeron delitos graves como asesinatos y agresiones sexuales. La ONG Prisoners Defenders señaló que hasta ahora sólo ha podido confirmar un preso político entre los beneficiados, lo que alimenta debates sobre la dimensión política de las excarcelaciones.
En barrios de La Habana, habitantes combinan temor y resignación: Arminda de la Cruz, vigilante de 56 años, dijo que la prioridad es cubrir lo esencial ante apagones y escasez y que "tratamos de no pensar en eso (la guerra), porque tenemos muchos problemas". Otros entrevistados concuerdan en que la intervención militar sería indeseable y que los cambios urgentes deben ser económicos y sociales, no bélicos. Esas voces muestran el contraste entre la retórica estatal y las preocupaciones cotidianas de una población golpeada por la crisis energética.
“Tratamos de no pensar en eso (la guerra), porque tenemos muchos problemas”— Arminda de la Cruz
Las fuentes discrepan sobre la naturaleza y la intención de las acciones estadounidenses: La Habana califica el cerco energético de genocidio y teme una agresión militar, mientras Washington presenta sanciones y cargos como herramientas legales y de presión política contra el régimen. También hay versiones contrapuestas sobre la motivación de la imputación contra Raúl Castro: La Habana la considera políticamente orquestada; en EE.UU. se presenta como una acción judicial por hechos de 1996.
El próximo hito será la reacción formal de Estados Unidos al llamamiento de Cuba en el Consejo de Seguridad y el seguimiento de cualquier medida judicial o migración de órdenes de captura relacionadas con la imputación a Raúl Castro. Al mismo tiempo, permanecerá la atención en los canales técnicos entre mandos en Guantánamo y en la evolución de la crisis energética que afecta a la población.