Una FACH trasladó 40 personas y el Ejecutivo refuerza expulsiones y obligaciones a instituciones para detectar irregulares.
Durante la madrugada se efectuó el segundo vuelo de expulsados ordenado por el gobierno de José Antonio Kast: la FACH 922/21 trasladó a 40 personas con destinos a Colombia, Haití y República Dominicana, en una ruta que pasó por Santiago, Iquique, Bogotá, Puerto Príncipe y Santo Domingo. Del total, 25 abordaron en el Grupo 10 de Santiago y 15 en Iquique desde la Base Los Cóndores; se ejecutaron 21 expulsiones administrativas y 19 judiciales, y entre los expulsados figuran 24 colombianos, nueve haitianos y siete dominicanos. El subsecretario del Interior (s), Máximo Pavez, informó que entre los expulsados estaba Emmanuel Bony, cuyo permiso de residencia definitiva fue cancelado tras daños reiterados en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
En paralelo, el Servicio de Migraciones (Sermig) y la Policía de Investigaciones (PDI) concluyeron la expulsión de José Alfredo Chávez Guevara, un ciudadano peruano con amplio prontuario y una notificación roja internacional por robo a mano armada, detenido tras una fiscalización en las afueras de la cárcel de Colina I. El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el subsecretario Pavez sostienen que estas salidas prueban una mayor capacidad de ejecución; Sauerbaum detalló además cifras acumuladas de expulsiones y salidas voluntarias en 2026, y la reducción de ingresos clandestinos respecto a años anteriores.
Al mismo tiempo, el gobierno presentó una indicación para obligar a órganos del Estado y a instituciones de salud, previsionales y educación a entregar antecedentes de extranjeros en procedimientos migratorios, una iniciativa defendida por el Presidente José Antonio Kast como necesaria para “ordenar” las prestaciones públicas. La propuesta, suscrita por el subsecretario Máximo Pavez y el director Frank Sauerbaum, fue ingresada a la comisión de Gobierno del Senado y ahora deberá ser analizada en el trámite legislativo y votada en el Congreso.