Segunda operación aérea de expulsión, casos de alto perfil y una indicación que exige a salud, educación y previsión entregar datos de extranjeros sin regularizar
01El gobierno del Presidente José Antonio Kast ha intensificado las expulsiones de personas extranjeras durante mayo de 2026, combinando operaciones aéreas, expulsiones judiciales y administrativas y medidas legislativas para aumentar el control migratorio. La información disponible más reciente —hasta el 14 de mayo de 2026— incluye tanto vuelos organizados por la FACH como iniciativas legales para obligar a organismos públicos y privados a reportar a migrantes irregulares.
02El 8 de mayo se concretó el segundo vuelo de expulsados (FACH 922/21) organizado por el Ministerio del Interior, que trasladó 40 personas con destino a Colombia, Haití y República Dominicana. Veinticinco partieron desde el Grupo 10 de Santiago y 15 desde la Base Los Cóndores en Iquique; la ruta prevista incluyó Santiago, Iquique, Bogotá, Puerto Príncipe y Santo Domingo. Del total, 21 fueron expulsiones administrativas y 19 judiciales; por nacionalidades, 24 eran colombianos, 9 haitianos y 7 dominicanos. Las causas señaladas incluyen ingreso o salida por pasos no habilitados (17 casos), 10 por robo en distintas modalidades, 4 por tráfico o microtráfico de drogas y otros delitos como secuestro con lesiones, lesiones graves, receptación de vehículos y daños calificados.
03Entre los expulsados de ese vuelo fue destacado el caso del ciudadano haitiano Emmanuel Bony, quien tenía residencia definitiva en Chile que fue cancelada y se encontraba en prisión preventiva por haber provocado en dos ocasiones destrozos a pantallas y material del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. El ministro del Interior (s), Máximo Pavez, valoró la ejecución de la orden de expulsión y señaló la satisfacción del gobierno por su salida del territorio nacional.
04El 13 de mayo se informó de otra expulsión relevante: José Alfredo Chávez Guevara, ciudadano peruano de 48 años con un amplio prontuario y una "notificación roja internacional" por robo a mano armada desde junio de 2017, fue detenido tras una fiscalización en las afueras de la cárcel Colina I y posteriormente expulsado a Perú. En Chile registraba múltiples causas por robo en lugar habitado, robo con fuerza, amenazas y robos a cajeros automáticos. Autoridades —incluido el subsecretario Máximo Pavez y el director de Migraciones Frank Sauerbaum— señalaron que la expulsión es parte de la política del gobierno de "ordenar la casa" y priorizar la seguridad.
05Paralelamente a la mayor ejecución de expulsiones, el Ejecutivo presentó una indicación al proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas para obligar a instituciones públicas y privadas de salud, previsión y educación a entregar antecedentes sobre extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios. La indicación —presentada ante la comisión de Gobierno del Senado— plantea que organismos como Fonasa, Isapres, AFP, colegios, jardines infantiles, hospitales y consultorios deberán remitir datos solicitados por la autoridad migratoria, incluidos domicilio, teléfono, correo electrónico y otros antecedentes pertinentes.
06El Presidente Kast defendió públicamente la iniciativa argumentando que el Estado debe "ordenar todas las prestaciones" y "saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos" para priorizar a los más vulnerables. Desde Migraciones y el Ministerio del Interior se contextualizó la propuesta como parte de una estrategia que incluye mayor uso de expulsiones administrativas y judiciales para combatir la delincuencia y reducir ingresos clandestinos; las cifras oficiales citadas en la cobertura señalan que hasta fechas recientes se han ejecutado centenares de expulsiones (en distintos conteos se mencionan 334 y también 630 expulsiones en 2026), 1.801 salidas voluntarias (principalmente venezolanos) y una disminución importante en reconducciones e ingresos clandestinos en comparación con años anteriores.