Fiscalía imputó homicidio por omisión; el tribunal lo calificó como cuasidelito y la Corte decidirá la cautelar.
Isidora, una niña de 2 años y 7 meses, murió la madrugada del domingo tras precipitarse desde el piso 11 de un edificio en calle Los Militares, Las Condes. El padre del menor fue formalizado por homicidio por omisión con dolo eventual y quedó detenido en tránsito mientras la Fiscalía apela la medida cautelar. El 4° Juzgado de Garantía recalificó inicialmente los hechos como un cuasidelito de homicidio y decretó arraigo nacional y firma mensual en lugar de prisión preventiva. Vecinos alertaron del golpe en los estacionamientos y Carabineros tomó declaraciones para ubicar el departamento de origen de la caída.
La disputa entre la Fiscalía y el tribunal sobre si hubo dolo eventual o mera negligencia define la gravedad de la imputación y las penas posibles, además de justificar o no la prisión preventiva. El caso reabrió el debate sobre obligaciones parentales, el papel de medidas de seguridad domésticas (mallas) fijadas en un avenimiento de familia y el alcance de la figura penal de homicidio por omisión. La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago será la que determine si el imputado permanece con cautelares moderadas o pasa a prisión preventiva. Al mismo tiempo la familia materna anunció querella por homicidio simple, lo que añade una vía penal paralela.
El hecho ocurrió a las 5.08 horas del domingo y la niña cayó hasta el sector de estacionamientos, donde perdió la vida en el sitio. Vecinos alertaron al conserje y Carabineros acudió al edificio para levantar declaraciones y rastrear desde qué departamento se había producido la caída. Pasaron alrededor de 40 minutos hasta que los uniformados dieron con el padre en el departamento, donde se encontraba durmiendo junto a su pareja. La escena fue confirmada por la Brigada de Homicidios en los primeros peritajes.
““Una vecina del cuarto piso al escuchar un golpe fuerte se asomó por la ventana y ve que está la menor en el sector de estacionamientos””— Marcela Donaire
La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó al padre por homicidio por omisión con dolo eventual y solicitó prisión preventiva, alegando que tenía la posición de garante respecto de la menor. El 4° Juzgado de Garantía recalificó la conducta como un cuasidelito de homicidio por negligencia y, por ello, impuso arraigo nacional y firma mensual en vez de prisión preventiva. El Ministerio Público apeló verbalmente la resolución y, por esa apelación, el imputado permanece detenido en tránsito hasta que la Corte de Apelaciones resuelva. El fiscal jefe de Flagrancia Oriente defendió la calificación inicial por entender que hubo conductas que pusieron en riesgo la vida de la niña.
““realizó una serie de acciones que pusieron en riesgo a la menor””— Jorge Reyes
En el avenimiento aprobado por un Juzgado de Familia se había fijado como condición mínima la instalación de mallas de seguridad en el departamento del padre para que avanzaran las visitas. La investigación determinó que el padre había colocado mallas en el living y comedor, pero no en la pieza donde dormía la niña; el ventanal desde el que cayó carecía de esa protección. La familia materna sostiene que el padre aseguró ante terceros que las mallas estaban instaladas y que ese error determinó la entrega de la niña. El abogado de la familia anunció que presentarán una querella por homicidio simple y comisión por omisión.
““¿Qué es lo que ocurre? Que la malla de seguridad que él colocó da solamente hacia la calle Apoquindo y donde ocurrió el hecho era un ventanal que no tenía esta malla. Entonces no había ninguna forma de verificar esto, ya que el padre siempre dijo que estaba puesta””— Jorge Jorquera
Los antecedentes de la audiencia señalaban que el imputado participó en una celebración en el quincho del edificio, salió a una discoteca y retornó a la madrugada, llegó tarde a buscar a la niña y luego consumió alcohol antes de dormir siesta en el departamento. Personal policial y testigos consignaron que el padre presentaba hálito alcohólico cuando fue ubicado tras la caída. En la investigación se ordenó la toma de muestra para determinar alcoholemia, cuyo resultado está pendiente. Las jornadas previas y la conducta del imputado forman parte de la argumentación del Ministerio Público para sostener el dolo eventual.
““Hubo una celebración el día de ayer (sábado) que eventualmente habría continuado hoy (domingo) en el departamento o en dependencias comunes del edificio. Son antecedentes que son materia de la investigación. Habría existido consumo de alcohol.””— Fernando Ceballos
La madre de la niña anunció que buscará por vías judiciales la responsabilidad penal del padre y que presentarán una querella para agotar instancias. Familiares y abogados plantean que, de confirmarse que no había malla en la pieza, la entrega de la niña respondió a una falsa seguridad asumida por la madre. Mientras tanto, la Corte de Apelaciones de Santiago debe resolver la apelación de la Fiscalía sobre la cautelar y, en los próximos días, decidir si mantiene el arraigo y la firma o dicta prisión preventiva. El proceso penal y la querella civil paralela marcarán el calendario judicial inmediato.
““Esperamos que esta situación sea aclarada bajo las circunstancias que correspondan. Fue un acto negligente de un padre que estaba al cuidado de una menor y que no tomó el resguardo necesario para protegerle la vida ni su integridad física””— Gloria Ortiz
Lo central en disputa es la calificación jurídica: la Fiscalía sostiene homicidio por omisión con dolo eventual —que implica aceptar el riesgo de la muerte— mientras que el 4° Juzgado de Garantía estimó, en primera instancia, que los hechos corresponden a un cuasidelito por negligencia. También discrepan sobre la necesidad de prisión preventiva; el tribunal la rechazó y la Fiscalía apeló, por lo que el imputado quedó detenido en tránsito. Además, la familia afirma que el padre aseguró tener mallas instaladas, versión que la investigación cuestiona.
El próximo hito procesal será la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre la apelación de la Fiscalía, que definirá si el imputado queda con medidas menos gravosas o si se decreta prisión preventiva. En paralelo, la familia presentará la querella por homicidio simple y se esperan resultados de peritajes, incluida la alcoholemia. Esos pasos marcarán el ritmo de la investigación durante los 120 días fijados inicialmente.