Registros récord de fraudes en 2025, un intento de estafa con falsa bomba en bancos en 2026, y cambios en la dinámica delictual que exigen mayor prevención, cooperación y denuncia ciudadana.
01Registro histórico de fraudes: al cierre del tercer trimestre de 2025 el Poder Judicial contabilizó 41.703 causas judicializadas por fraudes, la cifra más alta desde 2013 y un aumento interanual del 64,4% respecto a enero-septiembre de 2024. El tercer trimestre de 2025 aportó 14.382 casos, sólo superado por el trimestre previo (abril–junio) con 16.435 hechos, lo que refleja una tendencia al alza sostenida y alarmante en materia de fraudes penales.
02Transformación tecnológica del delito: aunque las estafas y otras defraudaciones siguen siendo mayoritarias (68,51% del total en 2025), el uso malicioso de tarjetas y dispositivos creció de forma exponencial —pasando de 2,92% en 2019 a 20,31% en 2025—, lo que indica que buena parte del fraude se ha trasladado al ámbito digital y a medios de pago electrónicos.
03Descentralización y afectación transversal: el fenómeno del fraude dejó de concentrarse sólo en Santiago. Aunque la Región Metropolitana sigue liderando (casi 30% del total), regiones como Maule y O’Higgins registraron un incremento notable y, según georreferenciación de tribunales, llegaron a concentrar niveles significativos del fraude nacional. El delito digital golpea por igual a bancos, comercios y empresas, por lo que se plantea como un riesgo sistémico que exige pasar de una respuesta reactiva a controles de identidad y diligencias permanentes.
04Caso emblemático: estafa en BancoEstado con falsa bomba y montaje de desmayos —el 22 de enero un grupo intentó cobrar un cheque por $777 millones mediante una puesta en escena que incluyó una persona fingiendo convulsiones y el abandono de una mochila con cables para simular un artefacto explosivo—. La maniobra buscó distraer al personal mientras se intentaban emitir y cobrar vales vista en sucursales distintas; la fiscalía formalizó a tres imputados y la investigación sigue para ubicar a otros seis prófugos y determinar si la banda concretó fraudes adicionales en otras entidades bancarias.
05Tendencias criminales generales en 2026: según el Centro de Estudios y Análisis del Delito, en el primer trimestre de 2026 los robos violentos disminuyeron 13% (con caídas notables en robos con violencia e intimidación y en robo violento de vehículos), y hubo descensos en homicidios y violaciones. Sin embargo, aumentaron los delitos asociados a drogas (10,8%) y los ilícitos vinculados a armas (15,7%), lo que las autoridades interpretan como una mayor capacidad de detección y la necesidad de persistir en estrategias contra el crimen organizado.
06Dimensión internacional: la PDI documentó que entre 2018 y julio de 2024 hubo 5.404 chilenos detenidos o investigados en España por delitos patrimoniales, especialmente hurtos y robos con fuerza en viviendas y comercios. El estudio subraya una creciente tecnificación (clonación de llaves, inhibidores, planificación itinerante) y un perfil predominantemente joven (18–30 años), además de corredores delictuales entre ciudades españolas que facilitan la movilidad y eludir la persecución.
07Medidas y respuesta local: para enfrentar la baja tasa de denuncia —la ENUSC 2024 indica que en la Región Metropolitana solo 3 de cada 10 delitos se denuncian— el Gobierno regional de Santiago lanzó la plataforma digital tudenunciacuenta.cl, orientada a facilitar y guiar a la ciudadanía sobre qué denunciar y ante qué organismos, además de informar derechos de víctimas y testigos. La iniciativa forma parte del Programa Fortalecimiento de la Denuncia y busca reducir la cifra oculta para mejorar políticas y estrategias de seguridad.
08Conclusión e implicancias: los hechos recientes muestran una criminalidad que se especializa y tecnifica —desde estafas digitales masivas hasta montajes organizados en sucursales bancarias— mientras que la dinámica delictual general presenta descensos en ciertos delitos violentos pero aumentos en aquellos asociados a drogas, armas y modalidades transnacionales. Ello demanda respuestas multidimensionales: reforzar ciberseguridad y controles en medios de pago, mejorar diligencia y verificación de identidades en operaciones financieras, fortalecer cooperación internacional en investigaciones y promover herramientas que incentiven la denuncia y mejoren la información para la formulación de políticas públicas.