Grau reconoce errores comunicacionales y el Gobierno ajusta normas para el reajuste del sector público; Quiroz apunta a aprobar la megareforma en un contexto de restricciones presupuestarias.
01La discusión pública se ha centrado en la denominada “ley de amarre”, parte del proyecto de reajuste del sector público, que busca fijar reglas más claras sobre la situación de asesores de confianza y funcionarios a contrata; el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, admitió errores comunicacionales en cómo se transmitió el alcance de la iniciativa y defendió que la propuesta excluye a los asesores de los beneficios del reajuste.
02Como ajuste durante la tramitación, el Ejecutivo cambió el requisito para que un funcionario pueda reclamar ante la Contraloría por la no renovación de su designación: la propuesta original permitía el reclamo a quienes tenían al menos dos años en la contrata; la indicación modificatoria elevó ese umbral a cinco años, lo que deja fuera de ese derecho a personas contratadas más recientemente, incluso las que hubieran ingresado por concurso en la actual administración.
03El Gobierno subrayó que los asesores de confianza “tienen que salir antes del 11 de marzo” y que, en los casos en que no presenten renuncia, los jefes de servicio deberán hacer efectiva su salida; además, lo que antes era un instructivo interno quedaría ahora incorporado en la ley, buscando justificar debidamente los despidos y habilitar la intervención de la Contraloría cuando proceda.
04Sobre el financiamiento del reajuste, Grau lo calificó como “un reajuste bajo en monto” en comparación con ajustes previos en transiciones presidenciales; además comparó el manejo presupuestario con la reciente implementación de la Pensión Básica Garantizada (PGU), cuando, según el Gobierno, hubo reasignaciones millonarias para financiar esa reforma, y sostuvo que la provisión para este reajuste es más ventajosa y se ajusta a tradiciones de cambios de gobierno.
05Grau insistió en que la iniciativa marcará un punto de inflexión al establecer, por primera vez en la ley, una distinción explícita entre asesores y funcionarios que desempeñan labores permanentes: “Por primera vez habrá una distinción clara entre asesores y personas que trabajan regularmente. Respecto de los asesores, la ley será clara en que ellos tienen que salir”, declaró, y añadió que ante la confusión pública asumía responsabilidad comunicacional (“tengo una responsabilidad comunicacional”).