El Ministerio de Salud sostiene que el ajuste total es de 2,5%, que los hospitales sufrirán en promedio un 1,1% en sus recursos operacionales y que la APS tendrá un impacto de 0,5%, pero alcaldes y asociaciones municipales exigen garantías y mesas técnicas.
01El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó que aplicará un ajuste presupuestario global del 2,5% al sector y defendió que dicho recorte fue diseñado “resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud”. La cartera insiste en que el objetivo del ajuste es mejorar la eficiencia, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos sin afectar atenciones.
02En cifras absolutas, medios consignaron que el recorte total asciende a $413.193 millones y que la Subsecretaría de Redes Asistenciales —que financia los hospitales públicos— fue la más afectada, con un ajuste de $147.715 millones. El Minsal, sin embargo, enfatiza que muchos montos pueden parecer altos cuando se presentan aisladamente y pide contextualizarlos respecto del presupuesto total de cada establecimiento.
03Sobre el impacto en hospitales, la cartera detalló que los ajustes instruidos representan, en promedio, sólo un 1,1% de los recursos operacionales de los recintos. Entre los ejemplos citados están: el Hospital Sótero del Río (ajuste de $3.182 millones, equivalente a 1,1%), el Hospital del Salvador (recorte de $2.757 millones, 1,4% del presupuesto) y el Hospital Regional de Antofagasta (ajuste de $2.049 millones, 1,2%). También se consignaron recortes en hospitales de la Región del Biobío, como Los Ángeles y el Guillermo Grant Benavente en Concepción.
04Respecto de la Atención Primaria de Salud (APS), el Minsal aseguró que el ajuste final corresponderá sólo al 0,5% y afirmó que se mantendrán la entrega de medicamentos, la estrategia de APS Universal y el fortalecimiento de la red pública. Además, desde el ministerio sostienen que no habrá recortes de programas, sino revisiones para hacerlos más eficientes y efectivos.
05La decisión generó rechazo de alcaldes y asociaciones municipales: un grupo de jefes comunales de oposición realizó una protesta simbólica llevando un ataúd con las iniciales “APS” hasta La Moneda para denunciar riesgo en programas de salud primaria y exigir garantías presupuestarias. La acción fue criticada por autoridades oficialistas y provocó respuestas públicas de la ministra May Chomali, quien calificó la performance como injustificada y reafirmó que no existe riesgo de cierre de programas, aunque sí puede haber reestructuraciones para mejorar eficiencia.
06Ante la tensión, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, se reunió con las tres asociaciones de municipalidades (AChM, Amuch y AMUR) y se acordó avanzar en una mesa técnica para abordar problemas de la APS. El Minsal planteó ejes para fortalecer la atención primaria que incluyen simplificar programas (PRAPS), apoyar técnicamente a municipios en planes comunales de salud, defender el incremento real del per cápita y avanzar en pesquisa y tamizaje de los cánceres más prevalentes.
07Organizaciones municipales advirtieron que la APS arrastra problemas estructurales y solicitaron abordar la situación con sentido de Estado: pidieron mayor per cápita, recursos para infraestructura de CESFAM y postas rurales, y medidas que eviten afectaciones regresivas a la población más vulnerable. Algunos alcaldes señalaron que, pese a la corta gestión del actual gobierno, la crisis tiene raíces de largo plazo y requiere soluciones de fondo.
08En paralelo a las discusiones presupuestarias, los ministerios de Salud y Seguridad Pública firmaron un convenio para agilizar procedimientos policiales en servicios de urgencia, con el fin de reducir tiempos de espera y riesgos en centros asistenciales; durante la actividad la ministra Chomali también reiteró que no hay recortes de programas, sino revisiones para mejorar eficiencia.
09Próximos pasos: el decreto con los ajustes fue ingresado a Contraloría y el Minsal continuará las mesas técnicas con municipalidades y otras instancias interministeriales para evaluar detalles de la implementación, la priorización de recursos y medidas para proteger la atención directa a pacientes mientras se busca justificar los ajustes por eficiencia.