Una posible omisión de US$10.500 millones en proyecciones desató una investigación administrativa y una amenaza de acusación constitucional.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, denunció inconsistencias en la proyección de la deuda incluida en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del gobierno anterior y ordenó una investigación administrativa a cargo de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Tras su señalamiento, el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano anunciaron una acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, y Quiroz evitó involucrarse en la decisión parlamentaria, subrayando que su obligación es dar la “verdad fiscal” en el IFP.
El reclamo de Quiroz se apoyó en la detección de una supuesta omisión de unos US$10.500 millones en las proyecciones para 2026‑2030, que según el ministro implicaría superar el límite del 45% del PIB en 2028 (45,4%) y llegar al 46,5% en 2030; además sostuvo que su equipo entregó la planilla de cálculo al Consejo Fiscal Autónomo y que esa documentación no habría sido puesta a disposición anteriormente. Mientras la discusión política escaló, el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, abrió la puerta a eventuales ajustes a la megarreforma en puntos puntuales, pero Quiroz prefirió mantener una postura general y enfocada en reactivar la economía.
El próximo hito será el resultado de la indagación administrativa de Dipres y la eventual tramitación parlamentaria de la acusación constitucional contra Grau, pasos que podrían influir en el calendario legislativo de la megarreforma; Quiroz dijo que su equipo pondrá el esfuerzo para que la controversia no frene la discusión y expresó el deseo de que la iniciativa se despache en julio, pero dejó la decisión final en manos del Congreso.