Encuesta muestra la peor aprobación presidencial, dudas sobre plan de seguridad y respaldo a medidas migratorias restrictivas.
La última Plaza Pública de Cadem, divulgada en la tercera semana de mayo, registra a José Antonio Kast con 36% de aprobación —su peor marca desde que asumió— y 58% de desaprobación. El sondeo revela que 64% de los encuestados no cree que el gobierno tenga un plan concreto de seguridad y que 61% estima imposible cumplir la promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares. Además, ninguna área del Ejecutivo alcanza más de 50% de aprobación y el Plan Escudo Fronterizo mantiene un respaldo mayoritario, aunque en baja.
Los resultados contagian la agenda política: seguridad y migración, ejes centrales de la campaña de Kast, aparecen como fuentes principales del deterioro de su respaldo. El descontento ciudadano combina escepticismo sobre la capacidad técnica del Ejecutivo para diseñar políticas de seguridad con un fuerte respaldo a medidas restrictivas en materia migratoria. Ese cóctel llega justo antes de la cuenta pública del Presidente y alimenta discusiones internas sobre cambios en el gabinete.
La encuesta Plaza Pública, aplicada por Cadem a más de mil personas, entrega dos certezas numéricas: la evaluación presidencial se coloca en su mínimo histórico y ninguna de las 21 áreas de gestión del gobierno supera la barrera del 50% de aprobación. Economía, lucha contra el narcotráfico y funcionamiento de la justicia figuran entre las peor evaluadas, con torno al 59% de desaprobación. Las relaciones internacionales son el único ámbito que alcanza niveles moderados de respaldo.
La seguridad aparece en el sondeo como el principal compromiso asociado al Presidente (44%), pero simultáneamente 64% de los consultados afirma no creer en un plan concreto del gobierno para enfrentar la crisis. En materia migratoria, el rechazo es alto: 60% considera que la llegada de inmigrantes es negativa y 75% quiere más restricciones. Pese a ello, algunas medidas propuestas por La Moneda, como el Plan Escudo Fronterizo, mantienen apoyo mayoritario aunque con retrocesos.
Ante esas críticas, la ministra María Trinidad Steinert admitió dificultades y defendió la gestión de su cartera, al señalar que algunas demandas han sido más complejas de lo esperado y que existe un reclamo público por un “plan de seguridad estructurado, concreto”. La secretaria de Estado vinculó la percepción pública a la exigencia ciudadana de respuestas rápidas en materia de orden público, en un contexto de alto escrutinio mediático.
“Hay aspectos que sí han sido más complejos, que me llaman la atención. Por ejemplo, esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”— María Trinidad Steinert
El Presidente Kast intentó matizar su promesa de campaña sobre la expulsión de 300.000 migrantes, calificando la expresión como una hipérbole y justificando un uso poco afortunado del término en exposiciones públicas. La aclaración no resolvió el escepticismo: 61% de la muestra considera la propuesta impracticable, aunque 54% cree que durante la campaña la mayoría entendió la promesa como realizable.
“Respecto del tema de migrantes, claro, quizás la palabra era hipérbole, no metáfora. Uno cuando está en una exposición pública puede usar un término no del todo apropiado quizás, pero todos entienden”— José Antonio Kast
El deterioro en las cifras coincide con controversias internas: la salida de Rafael Araos de la Subsecretaría de Ciencia abrió un foco de tensión, luego de que el exsubsecretario afirmara que renunció tras negarse a firmar despidos masivos. El sondeo evidenció que 60% de la ciudadanía conocía la salida de Araos y que la mayoría tiende a creer en su versión frente a la explicación oficial del ministerio.
Las ediciones y adelantos de la misma Plaza Pública muestran pequeñas variaciones en los recortes: algunos boletines reportan 36% de aprobación y 58% de desaprobación, mientras otros citan un 40% de aprobación y 55% de rechazo. Esas diferencias provienen de adelantos y cortes temporales de la encuesta publicados en distintos días.
El próximo hito político es la cuenta pública del Presidente, fijada para el 1 de junio; ese discurso será la primera prueba pública para intentar revertir la percepción sobre seguridad y presentar propuestas concretas. En paralelo, en La Moneda y en sectores del Congreso ya se discute la posibilidad de ajustes en el gabinete que podrían anunciarse tras la alocución.