Declaraciones de Gonzalo Migueles y del conservador Sergio Yáber, junto a la estrategia legal de Vivanco, tensan la investigación por cohecho, lavado y pagos vinculados al conflicto Codelco–Belaz Movitec.
01Resumen general: la llamada “trama bielorrusa” reúne una investigación penal por presunto cohecho, soborno y lavado de activos que involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a su expareja Gonzalo Migueles y a abogados y terceros vinculados al litigio entre Consorcio Belaz Movitec (CBM) y Codelco. La fiscalía regional de Los Lagos presentó una querella de capítulos y la causa ha tenido diligencias del OS7 de Carabineros y del Ministerio Público, mientras la defensa de Vivanco impulsa recursos y recusaciones contra ministros del máximo tribunal.
02Admisiones de Gonzalo Migueles: en sus declaraciones como imputado (23–24 de abril de 2026) Migueles reconoció haber recibido entregas en efectivo del abogado Eduardo Lagos: US$15.000 en diciembre de 2023, US$10.000 en febrero de 2024 y US$45.000 a mediados de 2024. Dijo que parte de esos montos se cambiaron por medio del conservador Sergio Yáber y que él entendía que el dinero provenía de la minera vinculada al caso. También admitió haber recibido pagos en efectivo y compras de acciones, y reconoció que no cuenta con título de contador.
03Versión de Migueles sobre el origen y la finalidad de los pagos: Migueles sostuvo ante los persecutores que los aportes de Lagos obedecían a asesorías y recomendaciones relacionadas con el manejo jurídico del conflicto por la desmovilización de maquinaria (mencionó el concepto de “autotutela” que le habría explicado Vivanco) y que él creyó que se trataba de favores entre cercanos. Insistió en desvincular a Vivanco: aseguró que ella desconocía esos pagos y afirmó tajantemente que "si ella hubiera sabido, hoy sería un eunuco".
04Mensajes y redes de influencia: en los teléfonos examinados aparecieron chats de Migueles con el entonces candidato a Fiscal Nacional Carlos Palma donde se mencionaban asuntos como "Doctorado y reemplazo de Armendáriz OK… visto bueno" y frases como "Soy bueno negociando"; Migueles negó tener capacidad real para gestionar nombramientos y dijo que tales textos eran formas coloquiales de expresar que no veía dificultad. Además relató que en la casa que compartía con Vivanco se hacían eventos con invitados de alto perfil —senadores, ministros y fiscales— lo que ha puesto foco en las redes sociales y políticas del círculo investigado.
05Declaraciones del conservador Sergio Yáber y personal del Conservador de Puente Alto: Yáber y funcionarios como la encargada financiera Claudia Soto y Nelson Vera dieron versiones sobre transferencias, compras de divisas y operaciones vinculadas a Migueles. Yáber detalló una operación de US$47.000 para un viaje a EE. UU., pagos a Migueles, envíos a conservadores de otras plazas (por ejemplo Yamil Najle en Chillán), compra de acciones por más de $16 millones y la utilización de bodegas del conservador para cajas relacionadas con Vivanco. La fiscalía investiga si estas maniobras sirvieron para ocultar pagos vinculados a presuntas coimas judiciales.
06La línea de defensa de Vivanco sobre quién ordenó los pagos: la defensa de la exministra ha sostenido que los millonarios desembolsos para la desmovilización de maquinaria provienen de resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones de Copiapó y no de decisiones de la Tercera Sala de la Corte Suprema que integraba Vivanco. Su argumento subraya que la Suprema, en sus fallos de julio y aclaraciones posteriores, se limitó a ordenar la restitución y a señalar que Codelco debía asumir los costos asociados a la ejecución, mientras que fue la Corte de Copiapó la que, en sucesivas resoluciones de noviembre de 2023 y en incidentes posteriores, efectivamente ordenó la provisión de fondos y los reajustes que terminaron en desembolsos millonarios.
07Estrategia procesal y recusaciones: la defensa de Vivanco presentó apelaciones contra la admisibilidad de la querella y una recusación pidiendo la inhabilidad de 15 ministros de la Corte Suprema (más una ministra suplente), alegando falta de imparcialidad porque muchos de los mismos magistrados participaron en la Comisión de Ética y en el proceso que la removió de su cargo. También han cuestionado la rapidez con que se fijaron fechas de vista y han denunciado que la Suprema actúa como acusador y ahora como juez en la misma materia, lo que, según su escrito, vulnera garantías procesales.
08Estado actual de las indagaciones y riesgos para los involucrados: las diligencias siguen activas tras las declaraciones de Migueles (abril 2026) y de Yáber (27 de abril de 2026). La Fiscalía y Carabineros buscan establecer si los movimientos de dinero y las operaciones cambiarias constituyeron instrumentos para ocultar sobornos vinculados al litigio Codelco–CBM. La causa alcanza a abogados, funcionarios del Conservador y a ex y actuales actores judiciales; además, la investigación ya ha derivado en remociones y en el cuestionamiento público de comportamientos institucionales.
09Puntos clave que quedan por dilucidar: los fiscales deberán probar la relación causal entre los pagos recibidos por Migueles y decisiones judiciales o favores ilegítimos; esclarecer el rol real de intermediarios y conservadores en la conversión y traslado de divisas; determinar si los montos entregados eran honorarios legítimos, ventas de acciones u ocultamiento de coimas; y resolver si la actuación procesal de la Corte Suprema al remover a Vivanco y luego conocer la querella respeta las garantías de imparcialidad exigidas por la defensa.