La indagatoria en Punta Arenas abre pesquisa por posible omisión de ingresos en un subsidio para familias vulnerables.
La Fiscalía Local de Punta Arenas abrió una investigación penal por la adjudicación de un subsidio habitacional que benefició a Susan Liliana Chicuy Godoy, pareja del diputado del Partido Republicano Alejandro Riquelme Ducci. La denuncia, remitida al Ministerio Público por el Serviu de Magallanes, apunta a omisiones de información socioeconómica que habrían favorecido la obtención del beneficio en el proyecto Estepa Austral I, concedido en julio de 2022. La fiscal jefe Johanna Iribarra instruyó las primeras diligencias para aclarar los hechos.
El caso importa porque involucra un beneficio diseñado para las familias más vulnerables y a un parlamentario en ejercicio, lo que pone en tensión fiscalizaciones y controles del Serviu en Magallanes. El Ministerio de Vivienda ha impulsado una revisión más amplia: el titular Iván Poduje dijo que hay un plan de fiscalización y que cerca de tres mil casos están en revisión. Si se confirma que se omitió declarar ingresos o miembros del núcleo familiar, la adjudicación podría haber sido improcedente.
El oficio presentado por el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, acusa que la beneficiaria omitió declarar ingresos y no incluyó al parlamentario en el núcleo familiar, lo que modificó su evaluación en el Registro Social de Hogares. Esos antecedentes, señala la denuncia, la ubicaron como con “déficit habitacional alto” y “hacinamiento”, condiciones que facilitaron la adjudicación del subsidio en julio de 2022. El documento también menciona vínculos patrimoniales que, de haberse declarado, habrían impedido el acceso al beneficio.
La investigación quedó formalmente a cargo de la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Iribarra, quien abrió diligencias para reunir antecedentes, requerir documentación y determinar posibles responsabilidades penales. La Fiscalía Regional de Magallanes confirmó la indagatoria pero ha reservado detalles operativos mientras avanza la recopilación de pruebas. Los primeros pasos incluyen el examen del oficio del Serviu y la verificación de las declaraciones socioeconómicas presentadas en la postulación.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, dijo que la denuncia llegó a su Secretaría regional durante una visita a Magallanes y que el Serviu fue instruido para presentarla ante la Fiscalía. Poduje defendió la intensificación de fiscalizaciones en la región y explicó que el ministerio revisa tres mil casos de posible mal uso de viviendas sociales. "Todos son iguales ante la ley", afirmó el ministro al referirse a la investigación.
“Todos son iguales ante la ley”— Iván Poduje
El diputado Alejandro Riquelme Ducci rechazó que exista irregularidad y sostuvo que la apertura de la investigación "no implica culpabilidad, irregularidad ni responsabilidad alguna". Riquelme ha sido vinculado en los antecedentes con sociedades compartidas junto a Chicuy, según el oficio del Serviu, pero ha insistido en que la denuncia no establece culpabilidad y en que la filtración coincide con un aumento de las fiscalizaciones regionales.
“no implica culpabilidad, irregularidad ni responsabilidad alguna”— Alejandro Riquelme Ducci
El oficio también menciona a la entonces jefa de Operaciones Habitacionales del Serviu Magallanes, Jacqueline Lleucún Uribe, como parte del contexto administrativo del caso, y enumera sociedades ligadas a la pareja como Magallania SpA y otras firmas. Esos datos son parte del acervo probatorio que la Fiscalía revisará para determinar si hubo dolo o errores administrativos en la adjudicación. La investigación se suma al despliegue regional de auditorías sobre proyectos habitacionales.
El nudo del conflicto es la versión sobre la procedencia del subsidio: el Serviu sostiene que la postulante omitió declarar ingresos y al diputado en el núcleo familiar, lo que habría habilitado la adjudicación; en cambio, el diputado Alejandro Riquelme niega irregularidades y afirma que la investigación no implica culpabilidad. Mientras el Ministerio impulsa mayor fiscalización, la causa judicial determinará si esas omisiones existieron y si fueron determinantes.
El próximo hito será la fase de diligencias fijada por la Fiscalía: citaciones, revisión de documentos y posibles declaraciones que permitirán decidir si hay cargos formales. Al mismo tiempo, el Serviu continuará las auditorías regionales y la verificación de los tres mil casos en revisión, lo que ofrecerá un cuadro más amplio sobre la extensión de eventuales irregularidades.