La Paz cercada: bloqueos, violencia y choque diplomático
Protestas coordinadas por la COB y grupos afines a Evo Morales sitian La Paz; la crisis ya genera escasez, pérdidas económicas y tensión regional.
- 01Operación y repliegue
- 02Movilización y violencia
- 03Impacto económico y humanitario
- 04Choque diplomático y apoyo internacional
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
Durante más de dos semanas, bloqueos de carreteras organizados por la Central Obrera Boliviana (COB), federaciones campesinas y grupos afines al expresidente Evo Morales mantienen cercada a La Paz y han derivado en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz lanzó operaciones de "corredor humanitario" y ordenó repliegues tras detenciones y heridos, mientras defensores de derechos y la Fiscalía monitorean los hechos. Marchas desde el altiplano que llegaron a la ciudad amenazan con intensificar la presión política y social; dirigentes como Mario Argollo llaman a no ceder. La crisis escaló además a la arena internacional: el presidente colombiano Gustavo Petro ofreció mediar y fue declarado persona non grata su embajadora, lo que detonó una disputa diplomática abierta.
El conflicto importa porque combina demandas socioeconómicas —inflación, recesión y fallas en el abastecimiento de combustibles y oxígeno— con una ofensiva política para forzar la salida de Rodrigo Paz, lo que amenaza la gobernabilidad y la economía: la Cámara Nacional de Comercio calcula pérdidas millonarias diarias. Actores internacionales, desde Estados Unidos hasta la OEA y gobiernos sudamericanos, ya se pronunciaron; la disputa diplomática con Colombia elevó el conflicto a un choque entre soberanía y ofrecimientos de mediación. La forma en que se resuelva—diálogo, acuerdos sectoriales o represión— definirá la capacidad del Gobierno para restablecer rutas y servicios básicos.
Operación y repliegue
El Ejecutivo desplegó la operación denominada "Corredor Humanitario" para habilitar el ingreso de alimentos, combustible y oxígeno a La Paz, con la participación de policías y militares; la Defensoría del Pueblo, representada por Pedro Callisaya, registró 47 detenciones y cinco heridos durante los operativos. Tras más de trece horas de intervención, las fuerzas se replegaron argumentando evitar un derramamiento de sangre, aunque el Gobierno defendió el paso de camiones cisterna y la apertura parcial de rutas. La Defensoría también monitorea centros de detención y hospitales para verificar el respeto a los derechos humanos.
Movilización y violencia
Sectores afines a Evo Morales y la COB convergieron en marchas que intentaron llegar a la plaza Murillo y derivaron en enfrentamientos con policía antimotines: manifestantes arrojaron piedras, detonaron cargas y atacaron estaciones de teleférico, mientras se reportaron saqueos y daños en sedes públicas y comercios. Líderes campesinos como Nelson Virreira y dirigentes de la COB —entre ellos Mario Argollo, contra quien la Fiscalía emitió una orden de aprehensión— exigieron la renuncia de Rodrigo Paz o la convocatoria a elecciones en 90 días. La Defensoría y organizaciones de derechos solicitaron protección para periodistas y condenaron agresiones a civiles.
Impacto económico y humanitario
El bloqueo de rutas dejó mercados vacíos, aumentos de precios y riesgo de desabastecimiento en hospitales por escasez de oxígeno; la Cámara Nacional de Comercio, representada por Eduardo Olivo, estimó pérdidas acumuladas en cientos de millones de dólares. El Gobierno habilitó puentes aéreos y recibió apoyo logístico de Argentina para transportar carne y suministros; la Fuerza Aérea argentina y la boliviana participan en vuelos de auxilio. Transportistas y productores advierten que miles de camiones siguen varados, lo que agrava pérdidas y desperdicio de alimentos.
Choque diplomático y apoyo internacional
La disputa se internacionalizó cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó las movilizaciones como "insurrección popular" y ofreció mediar; el Gobierno de Paz respondió declarando persona non grata a la embajadora colombiana Elizabeth García. Estados Unidos, vía el vicesecretario Christopher Landau, denunció un "golpe de Estado en marcha" y ofreció respaldo al presidente Paz, mientras la OEA —con Albert Ramdin— expresó apoyo a la institucionalidad y ofreció acompañamiento para el diálogo. El canciller Fernando Aramayo presentó la situación ante el Consejo Permanente de la OEA pidiendo seguimiento político.
Rodrigo Paz asumió la Presidencia hace seis meses en un contexto de polarización tras dos décadas dominadas por el Movimiento al Socialismo; su Ejecutivo emprendió reformas económicas y eliminó subsidios que alimentaron malestar previo. Analistas como Huáscar Pacheco y Vladimir Peña señalan que la crisis tiene raíces económicas —recesión, inflación y falta de divisas— y errores de comunicación y coalición política del Gobierno, además de una persistente influencia del "evismo" en sectores rurales. La fractura entre Paz y su vicepresidente Edmand (Edman) Lara y la debilidad legislativa del oficialismo complican la capacidad de negociación con la COB y las federaciones campesinas.
Las versiones discrepan sobre víctimas y responsabilidades: dirigentes sociales y federaciones reportan muertes y denuncian "represión criminal", mientras el ministro de Economía José Gabriel Espinoza y el Gobierno niegan fallecidos durante los operativos. Washington califica las movilizaciones como "un golpe de Estado en marcha"; el Ejecutivo boliviano acusa a Evo Morales de intentar desestabilizar la institucionalidad y rechaza las interpretaciones externas como injerencia.
Hay varios hitos a seguir en las próximas semanas: la Fiscalía confirmó una orden de aprehensión contra Mario Argollo y su situación judicial será un foco inmediato; el Gobierno elevó la situación ante la OEA, que puede emitir recomendaciones y acompañamiento político; continúan los puentes aéreos de ayuda (Argentina y FAB) con evaluaciones programadas hasta el viernes según la embajada argentina; y los sectores movilizados anunciaron marchas con llegada prevista a la plaza Murillo, cuya concreción marcará si la presión social sigue escalando o si priman nuevas mesas de negociación.