La entidad presentó antecedentes de supuestas irregularidades en el PAE y abre una pelea pública con la gestión anterior.
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) presentó este miércoles una denuncia ante la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que, según su auditoría interna, superarían los $14.000 millones. El director nacional, Fernando Peña, entregó los antecedentes en una reunión con el fiscal Eugenio Campos y remitió copia a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado. La acción convierte a Junaeb en la primera institución que el gobierno de José Antonio Kast lleva a la fiscalía tras la auditoría a la administración 2022-2026.
Los hallazgos forman parte del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal de Segpres, que ya solicitó indagaciones en otras reparticiones. La denuncia apunta a modificaciones de contrato con la empresa Soser, pagos por onces no entregadas y sobreprecios, temas que habían sido objeto de investigaciones previas de Contraloría y del Ministerio Público pero que, según Junaeb, ahora suman nuevos antecedentes. El choque entre la actual dirección y la administración saliente abrió una disputa sobre si información clave fue ocultada a los órganos fiscalizadores.
Fernando Peña, director nacional de Junaeb, afirmó que la auditoría interna detectó pagos por raciones que no se entregaron y modificaciones contractuales que elevaron valores y cantidades durante 2022 y 2023. Peña explicó que parte del daño patrimonial se concentró en ese periodo y que por ello presentaron los antecedentes ante la fiscalía anticorrupción y Contraloría. Señaló además que la investigación abarca la licitación original y sus posteriores cambios.
“A Contraloría se le ocultó información y tengo pruebas”— Fernando Peña
El expediente concentra observaciones en la licitación 18-20 del PAE y en contratos con la empresa Soser: Junaeb asegura que se realizaron modificaciones por resoluciones exentas sin toma de razón, que aumentaron raciones y el valor referencial, y que hubo pagos por onces no entregadas en unidades territoriales de O’Higgins. La denuncia eleva a más de $14.000 millones el monto cuestionado respecto de investigaciones previas que manejaban cifras menores.
La exdirectora Camila Rubio rechazó la versión actual y sostuvo que Contraloría ya había determinado que su gestión subsanó problemas y descartó irregularidades. Rubio afirmó que los hallazgos forman parte de un relato político ligado a debates presupuestarios y defendió que existió un esfuerzo por corregir deficiencias asociadas al diseño de la licitación de 2020.
“Contraloría ha sido clara: nuestra gestión solucionó los problemas del pasado y descartó irregularidades.”— Camila Rubio
El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal de la Secretaría General de la Presidencia pidió además indagar a SernamEG, Prodemu, la Subsecretaría de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo por deficiencias de control y rendiciones pendientes. La subsecretaria Constanza Castillo explicó que, si hay señales significativas, los antecedentes se oficiarán a Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado o al Ministerio Público.
“Tras dicha investigación y auditoría, si los antecedentes muestran señales significativas, también se oficiará a los respectivos servicios para que remitan los antecedentes a las instituciones competentes.”— Constanza Castillo
En el pasado la empresa Soser se autodenunció y la causa fue sobreseída en 2024, mientras que Contraloría abrió un sumario y emitió un informe de seguimiento que registró observaciones subsanadas. Desde ANID y Transportes dicen estar a la espera de detalles del informe de Segpres para pronunciarse, y Junaeb advierte que aportó nuevas pruebas que, según su dirección, amplían la línea de investigación.
Las fuentes discrepan sobre la existencia y magnitud de irregularidades: Junaeb eleva el monto cuestionado a más de $14.000 millones y afirma que se ocultó información a Contraloría; la exdirectora Camila Rubio sostiene que Contraloría ya dio por subsanadas las observaciones y niega intención dolosa. Además, antecedentes previos muestran cifras menores —como los $3.500 millones señalados en 2023— y el caso Soser tuvo un sobreseimiento en 2024.
El próximo hito es el avance de la investigación del Ministerio Público: la fiscalía anticorrupción deberá decidir diligencias concretas, eventualmente formalizar indagaciones o solicitar peritajes. En paralelo, Contraloría mantiene un sumario abierto y el Consejo de Defensa del Estado podría evaluar acciones, con implicaciones directas en contratos vigentes y responsabilidades administrativas.