Oposición Interroga a Boric por el Fracaso en la Compra de la Casa de Salvador Allende

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende ha consolidado un extenso cuestionario que será enviado al Presidente Gabriel Boric, en el marco de las indagaciones sobre el proceso de adquisición frustrada de la emblemática propiedad ubicada en Guardia Vieja. Esta situación, que generó una profunda crisis política y administrativa, tuvo como consecuencias la salida de las ministras Marcela Sandoval (Bienes Nacionales) y Maya Fernández (Defensa), además de la destitución de la senadora Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional, al detectarse que autoridades en ejercicio no podían celebrar contratos con el Estado según la Constitución.

La iniciativa partió con parlamentarios de la bancada UDI, quienes enviaron un documento de 25 preguntas, sumando posteriormente 18 nuevas consultas de Renovación Nacional y un pliego adicional de 10 interrogantes del Partido Nacional Libertario, todas orientadas a comprender el grado de participación del presidente y el funcionamiento de las instancias legales y administrativas involucradas. El cuestionario final, con más de medio centenar de preguntas, será remitido próximamente al mandatario para su respuesta personalizada.

Entre los principales ejes de la batería de preguntas destacan: el grado de conocimiento y participación directa o indirecta del Presidente Boric en la decisión de comprar la vivienda; si fue alertado, formal o informalmente, sobre la inhabilidad constitucional por la presencia de autoridades como copropietarias; y el motivo de proceder a la firma del decreto a pesar de las advertencias jurídicas documentadas. Varios diputados ponen especial énfasis en la relación entre el presidente y Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la Segpres, quien reconoció conocer el impedimento legal pero no detener el proceso, y en si su permanencia en el cargo obedece a una amistad personal o a una falta de responsabilidad atribuible.

Asimismo, los legisladores consultan sobre eventuales conflictos de interés, comunicación previa entre funcionarios y los propietarios, las razones para elevar el valor del inmueble tras reclamos de la familia Allende, y posibles daños fiscales derivados del fallido procedimiento. También cuestionan si existen auditorías o investigaciones internas para esclarecer responsabilidades, y si tras el despido de las autoridades involucradas el Ejecutivo considera que se ha subsanado el daño institucional.

En resumen, la crisis desatada por el intento frustrado de compra ha escalado a uno de los principales puntos de presión política sobre el presidente Boric en el plano de la transparencia, legalidad y responsabilidad administrativa, situando este episodio como un caso emblemático de fallos de control interno y de tensiones políticas respecto al legado de Allende y la política patrimonial del Estado. Se espera que las respuestas del mandatario contribuyan al esclarecimiento público y permitan determinar cómo se evitarán en el futuro situaciones similares de desviaciones administrativas y políticas.