Escuelas Protegidas avanza entre críticas y urgencias
Senado despachó normas sobre revisión de mochilas y sanción a la gratuidad; decisión tensiona derechos y agenda del gobierno.
- 01La aprobación en Sala
- 02Norma sobre revisiones
- 03Castigo a la gratuidad
- 04La maniobra de Gobierno
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
La Sala del Senado aprobó en general y luego en particular el proyecto "Escuelas Protegidas", que incluye la facultad para que los sostenedores incorporen protocolos de revisión de mochilas y una sanción que inhabilita por cinco años el acceso a la gratuidad universitaria a estudiantes condenados por delitos graves cometidos en el colegio. La tramitación terminó con votaciones tensas —24 a favor, 6 en contra y múltiples abstenciones— y reservas de constitucionalidad presentadas por senadores de oposición. El Ejecutivo impulsó la iniciativa con discusión inmediata para intentar despacharla antes de la Cuenta Pública, pero la revisión del articulado y las disputas políticas la dejaron en manos de la Cámara de Diputados. La norma quedó con resguardos procesales sobre cómo y cuándo procederán las revisiones, pero también abrió un fuerte debate sobre privacidad, discriminación y el rol de las policías en los establecimientos.
La iniciativa reformula la convivencia escolar mediante medidas de control y sanción que afectan derechos de alumnos y autonomía de los colegios: habilita registros de pertenencias con protocolos obligatorios, define límites para la presencia policial y condiciona el acceso a la gratuidad universitaria, convirtiendo al proyecto en una ficha política clave para La Moneda y en un punto de tensión entre protección de víctimas y garantías de la infancia.
La aprobación en Sala
La Sala del Senado aprobó la idea de legislar y luego despachó el texto en particular con 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, en una jornada marcada por la intervención de presidentes de comisión y por un acuerdo de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para aplazar parte del debate del articulado a una sesión siguiente. Entre los votos en contra figuraron la senadora Fabiola Campillai y parlamentarios del PC y el Frente Amplio, como Daniel Núñez, Claudia Pascual, Karol Cariola, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, que cuestionaron el enfoque punitivo del proyecto. El senador Cristián Vial (Republicanos) y Rojo Edwards defendieron la iniciativa como una respuesta necesaria para restablecer orden y seguridad en las aulas, y subrayaron que el texto busca otorgar herramientas prácticas a sostenedores y docentes. El despacho al tercer trámite dejó la responsabilidad final a la Cámara de Diputados, que deberá revisar las modificaciones acordadas por la Cámara Alta.
Norma sobre revisiones
La Comisión de Educación y la Sala establecieron que la revisión de mochilas solo podrá procederse ante motivos "fundados, individualizados y verificables", prohibiendo las revisiones sistemáticas basadas en características personales o grupales, aunque varias propuestas para endurecer las garantías fueron rechazadas. Se fijaron protocolos: la revisión individual debe realizarla al menos dos adultos del establecimiento, uno del equipo de convivencia, en un lugar privado, y debe dejarse constancia por escrito del procedimiento; si se encuentran elementos peligrosos se notificará a apoderados y a Carabineros o la PDI. Senadores como Yasna Provoste y Claudia Pascual impulsaron las salvaguardias y denunciaron riesgos de discriminación, mientras que Vlado Mirosevic y Cristián Vial advirtieron sobre el riesgo de convertir las escuelas en espacios de desprotección si las reglas fueran demasiado rígidas. Quedaron además prohibidas la desnudez forzada y la revisión corporal o de vestimentas, y se acordaron límites a prohibiciones de uso de vestimentas que impidan la identificación facial con excepciones expresas.
Castigo a la gratuidad
El proyecto incorpora una nueva condición para acceder a la gratuidad universitaria: no haber sido condenado con sentencia firme por delitos que atenten contra la vida, integridad física o psíquica, la propiedad o la infraestructura pública, y fija una inhabilidad de cinco años para quienes cometan esos hechos en el establecimiento. El senador Vlado Mirosevic propuso reducir ese plazo a tres años y la senadora Beatriz Sánchez intentó eliminar la sanción, pero ambas iniciativas fueron rechazadas en la votación en particular. Oficialistas como Javier Macaya defendieron la medida como una forma de priorizar a las víctimas y garantizar condiciones mínimas de seguridad para el proceso educativo, mientras que opositores la calificaron de desproporcionada y potencialmente inconstitucional. La discusión sobre este artículo fue uno de los nudos que motivaron reservas de constitucionalidad presentadas por senadores de oposición.
La maniobra de Gobierno
El Ejecutivo, mediante gestiones del ministro de la Secretaría General de la Presidencia José García Ruminot, gestionó sesiones extraordinarias y aplicó la urgencia de "discusión inmediata" para intentar que la iniciativa fuese despachada antes de la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. La maniobra buscaba convertir el proyecto en un logro legislativo de La Moneda, pero la intensidad del debate en la Sala y la cantidad de indicaciones impidieron cumplir el calendario pretendido, por lo que la Cámara de Diputados quedó citada para revisar el texto tras el 1 de junio. Fuentes del gobierno afirmaron contar con la mayoría para aprobar la idea de legislar, pero la necesidad de tramitar las reservas de constitucionalidad y las mociones rechazadas cambió los tiempos y obligó a nuevas negociaciones parlamentarias.
La iniciativa nació tras episodios de violencia extrema en establecimientos —entre ellos el homicidio de la inspectora María Victoria Reyes en Calama— y fue construida por La Moneda como una respuesta a esa demanda ciudadana por seguridad. En la Comisión de Educación, integrada por senadores como Gustavo Sanhueza, Rojo Edwards, Vlado Mirosevic y Yasna Provoste, se realizaron audiencias y se presentaron 82 indicaciones antes del despacho a Sala; Provoste advirtió sobre la lógica de control y la ausencia de enfoque en salud mental, mientras que oficialistas como Javier Macaya y Arturo Squella defendieron la autonomía escolar para establecer protocolos. Tras la votación en la Sala, Yasna Provoste, Beatriz Sánchez y Claudia Pascual presentaron reservas de constitucionalidad sobre partes del articulado, lo que añade un nuevo punto de fricción constitucional durante la tramitación en la Cámara de Diputados.
Las principales disputas son sobre el alcance de las revisiones —si pueden ser masivas o solo ante indicios individualizados— y sobre la proporcionalidad y constitucionalidad de la sanción que afecta la gratuidad universitaria. Sectores oficialistas sostienen que las medidas son necesarias para proteger a víctimas y docentes; la oposición afirma que criminalizan a niños y adolescentes y vulneran derechos fundamentales.
El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados para su tercer trámite, donde los diputados deben revisar las modificaciones aprobadas por el Senado; esa revisión quedó fijada por comités tras la Cuenta Pública del 1 de junio, por lo que la Cámara baja evaluará el articulado en las semanas siguientes. La Moneda ya aplicó discusión inmediata —que obliga a plazos legales acotados— y aún puede invocar el artículo constitucional que fuerza sesiones, mientras que las reservas de constitucionalidad presentadas por Yasna Provoste, Beatriz Sánchez y Claudia Pascual podrían canalizar impugnaciones que demoren o modifiquen la aplicación de las normas.