Senado aprueba «Escuelas Protegidas» con revisión de mochilas
La iniciativa regula búsquedas, condiciona la gratuidad universitaria y avanza a la Cámara; decide hoy derechos y protocolos escolares.
- 01Votación en el Senado
- 02Revisión de mochilas regulada
- 03Gratuidad condicionada
- 04Controversia política
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
La Sala del Senado aprobó en general y luego en particular el proyecto «Escuelas Protegidas», que autoriza protocolos de revisión de mochilas y establece sanciones que pueden dejar sin gratuidad universitaria hasta por cinco años a estudiantes condenados por delitos graves cometidos en el establecimiento. La votación en la Sala arrojó 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, y la iniciativa fue despachada al tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. El Ejecutivo impulsó la tramitación con discusión inmediata y gestiones de la Secretaría General de la Presidencia para acelerar su calendario. La discusión legislativa incluyó reservas de constitucionalidad y críticas por posibles afectaciones a derechos de niños, niñas y adolescentes.
El proyecto busca enfrentar episodios de violencia extrema en escuelas mediante medidas administrativas y disciplinarias: protocolos de revisión de bolsos y bolsos, autorización para solicitar la concurrencia de Carabineros o PDI en ciertas situaciones, y la incorporación de un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria. Las medidas trasladan a los establecimientos facultades de control y sanción que han abierto un debate político sobre proporcionalidad, discriminación y recursos para asistencia psicosocial. La Moneda pretende mostrar el avance como parte de su cuenta pública, pero sectores de oposición y algunos senadores advirtieron sobre riesgos de criminalización y vulneración de derechos.
Votación en el Senado
La Sala aprobó la idea de legislar por 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones; entre los votos negativos figuraron los senadores del Partido Comunista y del Frente Amplio, mientras que el bloque oficialista y aliados dieron cobertura al avance. El senador Cristián Vial (Republicanos) defendió el texto como una respuesta a las necesidades de convivencia, en tanto Yasna Provoste (DC) y otros parlamentarios advirtieron que se estaba legislando con discusión inmediata sin conocer todas las indicaciones. Rojo Edwards (independiente) subrayó que no hay derecho a la educación sin condiciones mínimas de seguridad dentro de las escuelas.
Revisión de mochilas regulada
El Senado aprobó que los sostenedores puedan incorporar en los reglamentos internos la revisión de mochilas, pero estableció límites: las búsquedas deben proceder solo ante motivos fundados, individualizados y verificables y evitar cualquier contacto físico innecesario o desnudamiento. Se fijaron resguardos procedimentales —registro del acto, realización en espacios privados y la presencia de dos adultos, uno del equipo de convivencia— y se prohibieron revisiones sistemáticas basadas en características personales. Además, el texto contempla que, si se hallan elementos peligrosos, se informe de inmediato a los apoderados y, en ciertos casos con indicios de delito, se requiera la concurrencia de Carabineros o la PDI.
Gratuidad condicionada
El texto incorpora un nuevo requisito para la gratuidad universitaria: no haber sido condenado con sentencia firme por delitos que atenten contra la vida, la integridad, la propiedad o la infraestructura pública; la inhabilidad propuesta es de cinco años. El Senado rechazó indicaciones que buscaban reducir ese plazo o eliminar la sanción, lo que generó críticas de la oposición y reservas de parlamentarios sobre proporcionalidad y reinserción. Vlado Mirosevic defendió la autonomía escolar para decidir la aplicación, mientras Beatriz Sánchez y otros pidieron alternativas centradas en prevención y recursos educativos.
Controversia política
La Secretaría General de la Presidencia, liderada por José García Ruminot, gestionó sesiones extraordinarias para acelerar la tramitación y poder mostrar avances en la cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, lo que tensó los plazos legislativos. La Moneda defendió la iniciativa por su respaldo ciudadano y la urgencia, mientras opositores como Yasna Provoste, Beatriz Sánchez y Claudia Pascual anunciaron reservas de constitucionalidad y advirtieron que el proyecto prioriza control sobre políticas de salud mental y recursos. El choque entre muestra política y cautelas jurídicas marcó la fase final en la Cámara Alta.
La iniciativa fue presentada tras el homicidio de la inspectora María Victoria Reyes en Calama y consta de seis artículos que apuntan a reforzar la convivencia escolar mediante medidas disciplinarias y protocolos de seguridad. La Comisión de Educación, integrada por senadores como Gustavo Sanhueza, Rojo Edwards, Vlado Mirosevic, Yasna Provoste y Cristián Vial, tramitó 82 indicaciones antes de elevar el texto a la Sala; la discusión acumuló propuestas para fijar edad mínima, prohibiciones sobre divulgación de cuadernos y objeción de conciencia para docentes. Varias bancadas insistieron en complementar la respuesta con recursos para salud mental y programas de prevención que no están contemplados en el cuerpo aprobado.
Las partes discrepan sobre el alcance de las revisiones: el Senado aprobó límites, pero la oposición sostiene que la norma puede derivar en revisiones discriminatorias o sistemáticas; además hay diferencia sobre si algunas medidas afectan derechos constitucionales, motivo por el cual se presentaron reservas de constitucionalidad. También existe debate práctico sobre la capacidad de los establecimientos para asumir funciones de control sin recursos.
El proyecto avanza ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite, donde se revisarán las modificaciones aprobadas en la Sala y podrán presentarse nuevas indicaciones; varias notas señalan que la discusión en la Cámara podría quedar para después de la Cuenta Pública del 1 de junio. Quedan pendientes decisiones sobre eventuales recursos de inconstitucionalidad y la implementación práctica de los protocolos en los reglamentos internos de los establecimientos. Si el Ejecutivo opta por forzar sesión, el Presidente puede invocar facultades que obliguen a la Cámara a sesionar con celeridad.