La Cámara alta bloqueó fondos de seguridad; Trump insiste en financiamiento privado y la obra encara un recurso judicial.
El Senado de Estados Unidos eliminó una partida aproximada de 400 millones de dólares que los republicanos intentaban destinar al controvertido salón de baile de la Casa Blanca, en un revés político para el presidente Donald Trump. La medida llega en medio de intentos paralelos de asignar hasta 1.000 millones al Servicio Secreto y mientras la obra sigue en construcción tras medidas judiciales contradictorias. Trump recorrió las obras y reiteró que el proyecto se financia con aportes suyos y de donantes.
La decisión del Senado convierte una disputa estética y patrimonial en una pelea sobre quién pagará el proyecto: contribuyentes o donantes privados. La polémica suma elementos políticos —los demócratas la presentan como un privilegio—, legales —un juez ordenó detener la obra y una apelación la suspendió— y de seguridad, porque legisladores republicanos buscaron fondos adicionales para el Servicio Secreto. El resultado condiciona el calendario y el legado que Trump ha fijado para septiembre de 2028.
Los demócratas en el Senado consiguieron eliminar la línea presupuestaria de unos 400 millones de dólares que podría haberse usado para el salón de baile, calificado por opositores como un proyecto de lujo. El líder demócrata Chuck Schumer celebró la decisión y anunció que su bancada continuará bloqueando intentos de usar fondos públicos para financiar la obra. Para los demócratas, la maniobra republicana buscaba transferir el costo del proyecto a los contribuyentes.
“Los republicanos intentaron hacer que los contribuyentes sufragaran los gastos del salón de baile multimillonario de Trump.”— Chuck Schumer
Donald Trump ofreció un recorrido por las obras y afirmó repetidamente que el salón de baile se paga con su propio dinero y donaciones privadas, calificándolo como un “regalo” para Estados Unidos. El presidente defendió el diseño y anunció que la inauguración está prevista para septiembre de 2028, describiendo el edificio como una instalación «más magnífica» que cualquier otra en el país. También aseguró que el proyecto avanza adelantado al cronograma.
“Todo esto fue pagado por mí mismo.”— Donald Trump
El proyecto implica la demolición del Ala Este de la Casa Blanca y un edificio nuevo con capacidad para alrededor de mil personas, un hospital militar y un centro de investigación según la presentación oficial. Críticos especializados han cuestionado el tamaño y la estética del edificio, y grupos de conservación demandaron alegando que la obra dañaría el equilibrio patrimonial del complejo presidencial. La polémica incluye además el aumento del costo: del presupuesto inicial de 200 millones a estimaciones públicas de 400 millones.
La obra sufrió un freno judicial en marzo cuando un juez federal ordenó detener la construcción por falta de autorización del Congreso, pero esa orden fue suspendida por un tribunal federal de apelaciones que permitió reanudar los trabajos provisionalmente. El tribunal de apelaciones debe pronunciarse definitivamente a principios de junio sobre si la paralización fue correcta, lo que decidirá si las obras continúan sin aval legislativo o quedan nuevamente detenidas.
Más allá del litigio, la disputa incluye peticiones opuestas en el Congreso: algunos republicanos impulsaron hasta 1.000 millones de dólares para reforzar la seguridad del Servicio Secreto vinculada al salón, mientras que la partida eliminada de 400 millones era parte de fondos de seguridad. El choque político complica la sostenibilidad financiera del proyecto y abre una pelea legislativa sobre qué parte, si alguna, correrá por cuenta del erario público.
Está en disputa si el salón de baile será pagado por donantes privados —como afirma Trump— o si parte del costo terminará siendo asumido por los contribuyentes, como advierten demócratas que frenaron la partida de 400 millones. También hay cifras discordantes en los documentos legislativos y declaraciones públicas: el presupuesto inicial de 200 millones es ya reestimado en torno a 400 millones, y algunos republicanos promovieron hasta 1.000 millones para seguridad.
El próximo hito será la decisión del tribunal de apelaciones prevista a principios de junio, que determinará si la construcción puede seguir sin la autorización del Congreso. Al mismo tiempo, el Senado y la Cámara seguirán siendo el escenario de nuevas votaciones sobre partidas de seguridad que definirán si el proyecto consume fondos públicos.