La detención y prisión preventiva de un exfiscal pone foco en el control de ingresos a penales y en su ejercicio como defensor.
El exfiscal regional de O’Higgins Roberto Díaz Quintanilla fue detenido la tarde del domingo en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio cuando intentó ingresar 58 bolsitas con cocaína —48 con 156,32 gramos de cocaína base y 10 con 43,96 gramos de clorhidrato— además de una botella de licor y un envoltorio con 2,58 gramos, detalló el fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza. Tras la audiencia de formalización por tráfico de drogas, el Tribunal de Alto Hospicio decretó prisión preventiva y fijó 120 días para la investigación, al estimar que el imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad.
La Fiscalía señaló que Díaz, que actualmente se desempeña como defensor privado, llevaba la droga oculta entre sus vestimentas y había previsto visitar a cinco internos en tres módulos distintos; la defensa pidió que no se le impusiera prisión preventiva alegando un precario estado de salud física y mental, argumento que la magistrada rechazó. El caso reaviva episodios previos de la carrera de Díaz —que fue fiscal regional entre 2008 y 2010 y en el pasado enfrentó acusaciones internas y una detención por violencia intrafamiliar en 2015— y recuerda un antecedente similar: en 2021 el exfiscal regional de Tarapacá Claudio Roe fue detenido al ingreso del mismo penal portando teléfonos, cargadores, un módem, un chip y 20 pastillas de clonazepam, formalizado por microtráfico e infracción al reglamento penitenciario.
El próximo hito será el desarrollo de las diligencias que ordene la Fiscalía de Tarapacá durante los 120 días de investigación y las nuevas audiencias que se fijen para ampliar o resolver las imputaciones; al mismo tiempo, el caso plantea una pregunta abierta sobre los controles en el ingreso a recintos penitenciarios y sobre la fiscalización del ejercicio profesional de exfiscales que actúan como defensores.