Minvu mantiene decisión de demoler 50 casas por supuestas “graves fallas constructivas” mientras surge una querella que cuestiona los informes técnicos usados como fundamento
01El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ordenó la paralización y demolición de 50 viviendas en El Olivar, Viña del Mar —parte de la reconstrucción tras el megaincendio de 2024— y el ministro Iván Poduje confirmó que las demoliciones comenzarán la próxima semana, pese a la querella anunciada por la constructora y la intermediaria Social Arquitectura.
02Poduje defendió la medida ante la CChC y sostuvo que nuevos informes técnicos muestran “fallas gravísimas”: falencias estructurales, ausencia de mitigación y normas contra incendios, y uso de materiales no acreditados (“materiales truchos”). El ministro aseguró que la acción judicial anunciada por la constructora es un intento de desviar la discusión y afirmó: “nosotros como ministerio no entregamos casas falladas”.
03Sin embargo, una investigación periodística y antecedentes que forman parte de la querella que prepara la empresa revelaron que los informes técnicos citados en la Resolución Exenta N°3384 —emitida a comienzos de abril— no contendrían referencias explícitas a “graves fallas constructivas”. Esos documentos, según lo publicado, tendrían menos de dos páginas, serían prácticamente idénticos entre sí y habrían sido firmados el 13 de abril, cuatro días después de la resolución que ya los citaba.
04Funcionarios del Minvu, consultados bajo reserva, afirman que se les obligó a suscribir esos informes bajo presión de superiores y que existió un compromiso inicial de modificar la resolución para eliminar la referencia a “graves fallas constructivas”, lo que finalmente no ocurrió; ante ello, Social Arquitectura —representada por la abogada Erika Maira Bravo— prepara una querella penal por delitos que incluyen prevaricación administrativa, falsificación ideológica de instrumento público, fraude al fisco e incumplimiento de contrato.
05El Minvu, por su parte, rechazó las acusaciones sobre irregularidades y presiones, defendió la legalidad de la decisión y sostuvo que sus acciones se sustentan en informes elaborados por DITEC e IDIEM (Universidad de Chile) que detectaron insuficiencias estructurales y falta de cumplimiento de la normativa sismorresistente. Además, la cartera indicó que abrir permitir la continuidad del proyecto expondría a las familias a riesgos inaceptables y que se está desarrollando un sumario administrativo para esclarecer las irregularidades detectadas.
06En la práctica, la mayoría de las familias vinculadas al proyecto habrían desistido de continuar con esas viviendas, mientras que seis grupos familiares mantienen reparos y el Minvu busca acuerdos individuales para reubicar o dar soluciones alternativas. El ministro advirtió además que problemas similares se han detectado en otras comunas (Talcahuano y San Antonio) y que se coordina un convenio con el IDIEM para reforzar fiscalizaciones técnicas en futuros proyectos.