Los principales vendedores dicen que Ramos cambió las condiciones y anuncian reclamaciones legales y búsqueda de nuevos inversores.
Las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente, que aglutinan la mayoría del capital del Sevilla FC, emitieron un comunicado colectivo en el que acusan al grupo liderado por Sergio Ramos de incumplir un acuerdo de compraventa cerrado y refrendado en meses anteriores. El escrito detalla que el pacto inicial, suscrito en enero y ratificado el 11 de mayo tras concesiones de los accionistas, quedó dinamitado cuando el 27 de mayo Ramos y sus asesores comunicaron su voluntad de no cumplirlo; los accionistas sostienen que la transacción había pasado a depender exclusivamente del Grupo DMI y que Five Eleven Capital —la oferta pública respaldada por Ramos— dejó de estar presente.
En el comunicado los accionistas califican lo ocurrido de “meses de engaño”, afirman que hubo cambios radicales en interlocutores y condiciones —incluida la aparición del Grupo DMI como único inversor— y que esas variaciones generaban dudas sobre el patrimonio inmobiliario del club. Añaden que facilitó una due diligence que comenzó el 9 de febrero y duró 45 días, que las cuentas del Sevilla son públicas y auditadas, y que ya han remitido una reclamación formal a Ramos y a Five Eleven para exigir el pago de la cláusula penal y resguardar la confidencialidad de la información entregada.
Sergio Ramos negó haber incumplido y, en una rueda de prensa, afirmó que la operación no llegó a formalizarse y que la oferta sólo se ha adaptado —incluyendo una ampliación de capital de 120 millones en vez de 80— y mostró disposición a seguir negociando con los accionistas. Al mismo tiempo, las familias propietarias anuncian que trabajan para reactivar otras propuestas de compra suspendidas por la exclusividad y advierten que la reclamación de la penalidad puede ampliarse a daños y perjuicios; el próximo hito observable será si Ramos atiende la demanda de pago o si las partes retoman negociaciones o derivan el conflicto a la vía judicial.