La Paz asediada: bloqueos, negociación y crisis regional
Bloqueos prolongados y marchas buscan la renuncia de Paz; la escasez, la represión y la diplomacia tensan a Bolivia hoy.
- 01La ciudad asediada
- 02Operativo y contención
- 03Movilización evista
- 04Tensión diplomática
- 05Impacto económico y ayuda
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
La Paz permanece cercada por bloqueos y movilizaciones que entran en su tercera semana, dejando mercados vacíos, hospitales con escasez de oxígeno y un flujo obligado de ayuda aérea. El Gobierno desplegó un operativo denominado ‘Corredor Humanitario’ que terminó con detenciones y heridas, pero no logró levantar la mayoría de los cortes. Sectores afines a Evo Morales llegaron a las cercanías de la sede de gobierno y exigieron la dimisión del presidente Rodrigo Paz; la protesta mutó en saqueos y choques con la policía. Al mismo tiempo, la crisis escaló a nivel diplomático: Colombia ofreció mediar y Bolivia expulsó a la embajadora colombiana, mientras Estados Unidos denunció un intento de golpe.
La persistencia de cortes en accesos claves a La Paz interrumpe cadenas de abastecimiento críticas, impacta la atención médica y erosiona la frágil legitimidad del presidente Rodrigo Paz, elegido hace seis meses. La combinación de reclamos salariales, demanda de combustibles y la movilización de sectores afines al evismo convirtió un conflicto laboral en una crisis política de alcance nacional y regional. La respuesta estatal —entre operativos, ofertas de diálogo y una reforma de gabinete anunciada por el presidente— definirá si la salida será política o de fuerza, con consecuencias económicas inmediatas y presión diplomática de países vecinos y organismos multilaterales.
La ciudad asediada
El departamento de La Paz concentra la mayor parte de los cortes: en días recientes las rutas en torno a la capital registraron entre 15 y 22 puntos de bloqueo, según la Administradora Boliviana de Carreteras. Los cortes dejaron mercados con faltantes de carne y verduras, y hospitales alertaron sobre el desabastecimiento de oxígeno; el viceministro Gustavo Serrano coordinó puentes aéreos para enviar carne y suministros. La Defensoría del Pueblo, dirigida por Pedro Callisaya, dijo que monitoriza la garantía de derechos humanos en detenciones y atención médica durante los operativos.
Operativo y contención
La Policía y las Fuerzas Armadas lanzaron el operativo llamado ‘Corredor Humanitario’ para habilitar el paso de combustible, oxígeno y alimentos; las fuerzas emplearon gases lacrimógenos y medios antidisturbios y, según la Defensoría, el saldo fue de 47 detenidos y cinco heridos. El portavoz presidencial José Luis Gálvez defendió la medida como legal y disuasiva; el comandante en jefe, general Víctor Hugo Balderrama, reconoció que las fuerzas se replegaron para evitar un estallido mayor. A pesar del avance parcial, el Gobierno ordenó el repliegue con rutas aún interrumpidas en múltiples tramos.
Movilización evista
Sectores afines al expresidente Evo Morales concretaron una caminata de varios días por el altiplano y llegaron a El Alto y La Paz para sumarse a las protestas; el dirigente Nelson Virreira advirtió que darán “una salida pacífica” a Paz pero insistió en que, de no haber renuncia o convocatoria de elecciones, la movilización continuaría. Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana, llamó a mantener la resistencia y rechazó doblegarse ante las fuerzas de seguridad, lo que tensó aún más la negociación y alimentó episodios de vandalismo y saqueos en la ciudad.
Tensión diplomática
El Gobierno de Rodrigo Paz declaró persona non grata a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, tras los reiterados llamados del presidente Gustavo Petro a mediar y sus comentarios sobre una “insurrección popular”; el canciller Fernando Aramayo respondió desafiando a Petro a traer a Evo Morales para declarar ante la justicia. Estados Unidos, por medio del vicesecretario Christopher Landau, calificó las protestas como un “golpe de Estado en marcha” y expresó apoyo al Ejecutivo, mientras la OEA ofreció acompañamiento político para buscar soluciones institucionales.
Impacto económico y ayuda
La Cámara Nacional de Comercio, representada por Eduardo Olivo, calculó pérdidas por alrededor de 500 millones de dólares debido a paralizaciones y pérdida de mercancías, una cifra que refleja la caída del comercio y la logística. Argentina y Chile coordinaron puentes aéreos: un Hércules argentino trasladó toneladas de pollo y la Fuerza Aérea de Chile envió 480 cajas de alimentos; los gobiernos vecinos también suscribieron comunicados conjuntos de preocupación por la crisis humanitaria. La suma de asistencia apunta a mitigar urgencias, pero no sustituye una solución política al conflicto.
La crisis brotó sobre una economía ya debilitada: recesión, inflación alta y el fin de subsidios al combustible que provocó protestas a fin de año. Analistas como Huáscar Pacheco y Vladimir Peña coinciden en que la protesta tiene raíces económicas y en que el Gobierno cometió errores de comunicación y políticas que aumentaron la impaciencia ciudadana. Rodrigo Paz asumió en noviembre de 2025 sin mayoría legislativa clara, en un escenario político fragmentado donde el MAS quedó desmarcado tras su derrota electoral, lo que complica la formación de una salida concertada.
Hay versiones enfrentadas sobre víctimas y detenciones: la Federación Túpac Katari denunció fallecidos en puntos de bloqueo, que el Gobierno niega enfáticamente; la Defensoría del Pueblo reportó 47 detenidos y cinco heridos tras el operativo del 16 de mayo, mientras que las autoridades y ONG ofrecen cifras distintas sobre el total de arrestos (Gobierno: 104; Asamblea Permanente de Derechos Humanos: 95).
Observar si las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno este fin de semana en Casa Grande del Pueblo logran acuerdos con la Federación Túpac Katari, la COR de El Alto y la Confederación Bartolina Sisa; la reunión fue anunciada para el domingo y será la primera prueba concreta de negociación. El Ejecutivo instaló además un “consejo económico y social” que se reunirá mensualmente para informar medidas; la OEA abrió seguimiento político tras la presentación boliviana ante su Consejo Permanente. También hay una orden de aprehensión contra Mario Argollo pendiente de ejecución, y se esperan nuevos vuelos humanitarios en los próximos días.