Las diferencias públicas entre Segpres y Hacienda complican la negociación en el Senado y podrían reducir beneficios clave del proyecto.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, admitió que el deterioro fiscal revelado por el Informe de Finanzas Públicas obligaría al Ejecutivo a “hacer ajustes” a la Ley Miscelánea —Plan de Reconstrucción Nacional— y mencionó fórmulas concretas, como reducir la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años y revisar el crédito al empleo; tras esas declaraciones, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, matizó públicamente las alternativas y evitó ratificar medidas específicas: “Puede ser eso u otras cosas, u otras cosas o nada”.
El problema fue el timing: adelantar fórmulas en plena negociación dejó sin sorpresa a la estrategia con el Senado y forzó un intento de contención desde Hacienda, mientras en Palacio circuló incluso una minuta que confirmaba las alternativas planteadas por la Segpres. La negociación es estrecha —el oficialismo busca votos puntuales como los de los senadores Karim Bianchi y Pedro Araya— y, a la vez, abrió ruido interno en la coalición; la senadora María José Gatica criticó el manejo de Quiroz y pidió que García Ruminot lidere la articulación política.
El próximo hito observable es el ingreso del proyecto al Senado —con inicio de su segundo trámite previsto— y la definición que adopte el Ejecutivo sobre qué medidas concretas negociar: mantener o recortar la invariabilidad, ajustar el crédito al empleo u optar por otras fórmulas. El plazo político también se movió: la agenda oficial pasó de buscar aprobación en junio a plantear fines de julio como fecha razonable, de modo que la pregunta abierta es qué concesiones se aceptarán para asegurar los votos necesarios.