La secretaria de Estado reconoció no haber incluido al menos tres entidades; la bancada socialista pidió fiscalización del gabinete tras sus comentarios sobre otros ministros
01La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, admitió públicamente que no incorporó al menos tres sociedades vinculadas a ella en su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), tras una investigación periodística que detectó esas omisiones.
02Las entidades no declaradas identificadas por la investigación incluyen Innova Nehuén SpA (una consultora familiar creada junto a sus hermanas), Tech Apprenticeships LLC (constitución en Estados Unidos en 2023) y la Asociación de Propietarios de Potomac (descrita por la ministra como una ‘junta de vecinos’). Además, se mencionó su vínculo con ‘Build Within’, registrada en Delaware, estado frecuentemente usado por empresas tecnológicas en EE. UU.
03Lincolao defendió su situación señalando que una de las sociedades «nunca tuvo actividad» y que otras estarían cerradas o en proceso de cierre; sin embargo, la verificación periodística (Fast Check) constató que algunos cierres no aparecen registrados o figuran como temporales, por lo que existen discrepancias entre la versión de la ministra y los registros públicos revisados.
04La controversia se profundizó cuando Lincolao afirmó que, al consultar a otros ministros sobre sus declaraciones, estos le habían dicho que «no habían puesto cosas de ese tipo», lo que fue interpretado por la oposición como indicio de que podrían existir omisiones similares en otras carteras y motivó la petición de revisar al gabinete completo.
05Como respuesta política inmediata, la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) ingresó un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República pidiendo que la ministra rectifique su DIP y que el organismo fiscalice la "oportunidad, integridad y veracidad" de las declaraciones patrimoniales de todos los ministros. Los diputados Juan Santana y Raúl Leiva lideraron la acción y advirtieron riesgos de vulneración a la ley de probidad y al deber de abstención de las autoridades.
06Parlamentarios de otros bloques de oposición (PC y Frente Amplio) anunciaron igualmente oficios y no descartaron recurrir a la Contraloría si se confirman incumplimientos, ampliando la presión política sobre el gobierno. Los reclamos se centran en posibles conflictos de interés, la obligación de abstención y la necesidad de transparencia en el marco de reformas en tramitación que podrían generar beneficios sectoriales.
07El caso golpea a la ministra en un momento ya sensible: en semanas previas su cartera enfrentó tensiones internas (salida del exsubsecretario Rafael Araos y renuncias), por lo que la nueva controversia por transparencia patrimonial amplía el foco de cuestionamientos sobre su gestión y su integridad pública, y plantea la posibilidad de que la Contraloría establezca procedimientos administrativos y eventuales sanciones si se confirman irregularidades.