La institución dice que la obligación de entregar datos de migrantes puede disuadir a familias de usar salud y educación.
La Defensoría de la Niñez calificó como “preocupante” el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa y la indicación que ordenaría a establecimientos de salud y educación entregar información sobre personas en situación migratoria irregular, porque pondría en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes. El texto en discusión faculta a autoridades migratorias y contraloras a requerir antecedentes personales a “todo órgano de la Administración del Estado” y a instituciones públicas o privadas de salud y educación, según el organismo.
Si bien la iniciativa no apunta formalmente a menores, la Defensoría advirtió que su aplicación puede generar afectaciones graves cuando impacte a las familias: el temor a ser fiscalizados podría llevar a no asistir a controles médicos, campañas de vacunación, atención de urgencia o a la escuela, y a la vez aumentar riesgos de ruptura de vínculos y de ingreso a modalidades de cuidado alternativo. El organismo pidió que cualquier norma que permita la entrega de datos incorpore resguardos “explícitos, estrictos y proporcionales” y recordó la Ley Nº 21.430, que garantiza derechos sociales de la niñez independientemente del estatus migratorio de sus progenitores.
La Defensoría ofició a la Comisión de Gobierno del Senado y llamó al Ejecutivo y al Congreso a reconsiderar la medida, solicitando que en el debate legislativo se tenga en vista el marco de la Ley Nº 21.430 y los estándares de derechos humanos. El próximo hito será la revisión en la comisión y la incorporación —si procede— de salvaguardas específicas para evitar que la entrega de datos derive en menos acceso efectivo a salud, educación y protección para la niñez.