El Ejecutivo presentará un proyecto para crear el Registro Único de Vándalos e Incivilidades que excluiría a beneficiarios de PGU y gratuidad.
El Presidente José Antonio Kast anunció en su Cuenta Pública la creación del Registro Único de Vándalos e Incivilidades (RUV), y adelantó que el Ejecutivo ingresará el proyecto de ley en los próximos días a través del Ministerio de Seguridad e Interior. El Mandatario dijo que la medida busca sancionar tanto delitos —como agresiones a carabineros, atentados al personal de salud, retenciones de transporte, tráfico de estupefacientes o daño a monumentos— como “incivilidades” no penales, y que la inscripción en el RUV impedirá acceder a beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la Pensión Garantizada Universal o subsidios de arriendo.
El Gobierno plantea que el RUV seguirá la lógica de registros administrativos existentes, como el de Inhabilidades para trabajar con menores o el de Deudores de Pensión de Alimentos, y propone radicar su aplicación en los juzgados de policía local con apoyo municipal. La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, defendió la herramienta como una sanción moral y administrativa y afirmó que “no es la idea meter presa a la gente”. El Ejecutivo ya ha probado mecanismos similares en la comuna de Independencia, donde el plan “Cero Incivilidades” —vinculado al alcalde Agustín Iglesias y supervisado en su momento por la entonces nominada Trinidad Steinert— contemplaba multas y retiro de beneficios municipales por conductas como orinar o beber en la vía pública.
El próximo hito será la presentación formal del proyecto en el Congreso y la discusión parlamentaria sobre su alcance: quedará por definir con precisión qué conductas se inscriben, los criterios probatorios y las garantías procesales, así como el rol que tendrán municipios y juzgados de policía local en la implementación y en la pérdida temporal o permanente de beneficios sociales.