La dirección partidaria invalidó la votación por fallas en trazabilidad y padrones; la decisión desató recursos y votos disidentes.
El Tribunal Supremo del Partido de la Gente (PDG) declaró inválidos los comicios internos celebrados el 25 de abril y ordenó la realización de nuevas elecciones bajo estándares reforzados. La resolución, firmada por la mayoría del órgano, detectó faltas en el envío de padrones, ausencia de mecanismos de trazabilidad y discrepancias entre actas y firmas de mesa. Mientras la directiva vigente continuará en funciones para efectos administrativos, la lista que había obtenido resultados preliminares anunció que impugnará la decisión ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). El fallo puso a la vista que en la votación participaron 1.106 militantes, alrededor del 2,5% del padrón de más de 43.000 inscritos.
La anulación transforma una contienda interna aparentemente resuelta en un conflicto institucional: el Tribunal justificó su decisión por falta de certeza jurídica y control documental, mientras que dirigentes que proclamaron victoria hablaron de un ataque a la democracia interna. El choque abre la puerta a recursos legales y a una revisión interna amplia, porque además hay reparos formales de dos integrantes del propio Tribunal que registraron disidencias. La polémica y la baja participación elevan el riesgo de desgaste público para el PDG en momentos en que busca consolidarse electoralmente.
El Tribunal Supremo del PDG explicó que, tras revisar el proceso, constató fallas que impidieron garantizar la "certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental" necesarios para calificar y proclamar los resultados. En el informe se consignan problemas como el no envío íntegro de padrones, uso no uniforme del foliado y diferencias objetivas entre votos registrados y firmas en padrones en varias mesas. Ante esas deficiencias el órgano ordenó repetir el proceso bajo mecanismos obligatorios de conciliación entre votos, firmas y trazabilidad documental. Mientras se organiza la nueva votación, las autoridades actuales seguirán en sus puestos solo para efectos de continuidad administrativa.
Patricio Quisbert, quien figuraba como ganador en los resultados preliminares y encabezó la Lista B, rechazó la resolución y anunció que recurrirán a las instancias correspondientes para defender la voluntad de la militancia. Quisbert afirmó que existen "problemas serios internos dentro del Tribunal Supremo" y cuestionó la legitimidad de la decisión, anunciando que presentarán documentación ante el Tricel o recurrirán con un recurso de protección. Desde su grupo aseguraron además que hay votos disidentes en el propio informe del Tribunal que justifican sus reparos. La Lista B defendió en un comunicado que la decisión afecta la credibilidad institucional del PDG.
“Un atentado a la democracia interna”— Patricio Quisbert
El diputado Fabián Ossandón, vicepresidente de la Lista B, calificó la decisión como un daño al partido y exigió que se explique la actuación del Tribunal Supremo. Ossandón sostuvo que no se agotaron las etapas del proceso, que no hubo revisión completa mesa por mesa y que la trazabilidad fue insuficiente, pese a la presencia de observadores del Servel. Por eso anunció que la Lista B "llegará hasta las últimas consecuencias" para resguardar la votación de militantes. Sus declaraciones intensificaron la batalla legal y política interna.
“Estas conductas no me gustan. No representan la política que busco desarrollar ni los principios por los que nace el PDG”— Fabián Ossandón
Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del PDG, respaldó la anulación y dijo que lo responsable es "rehacer esta elección" para otorgar certeza al proceso. Valenzuela explicó que llegaron las actas pero no los padrones a tiempo, lo que impide verificar quiénes votaron, y por eso consideró la repetición como una señal de seriedad, aunque tenga costos. Su postura exhibe la división entre quienes priorizan la corrección del procedimiento y quienes defienden los resultados preliminares. El respaldo interno a la resolución valida la necesidad declarada por el Tribunal de mejorar controles.
“Lo que corresponde entonces es rehacer esta elección y creo que es una señal de seriedad, tenga los costos que tenga”— Juan Marcelo Valenzuela
Documentos internos del PDG revelaron además que dos integrantes del Tribunal Supremo dejaron constancia formal de reparos y solicitaron la nulidad de resoluciones, aludiendo a contradicciones e inhabilidades pendientes. Esos escritos piden la intervención del Consejo General y una revisión integral del proceso con miembros subrogantes, planteando incertidumbres sobre la reconstrucción del acto decisorio. En paralelo, la actual directiva —con Rodrigo Vattuone como presidente y Franco Parisi como vicepresidente— permanecerá en funciones hasta que se celebren los nuevos comicios. Si no se alcanza un acuerdo interno, las partes anunciaron que llevarán la disputa a instancias externas como el Tricel o tribunales.
La disputa central es sobre la validez del annulamiento: el Tribunal Supremo dice que faltaron garantías de trazabilidad y control documental; la Lista B responde que la militancia ya expresó su voluntad y que hay votos disidentes dentro del mismo tribunal. Además existe desacuerdo sobre procedimientos no agotados y sobre si las observaciones internas justifican anular los resultados. Las partes han anunciado recursos ante el Tricel y, en su caso, acciones judiciales.
El próximo hito observable será la presentación oficial de recursos ante el Tricel o la convocatoria de nuevas elecciones internas con los estándares trazados por el Tribunal Supremo. La fecha de esos comicios y la resolución de eventuales inhabilidades internas marcarán si el conflicto se zanja en el plano partidario o se traslada a tribunales. Hasta entonces, la disputa medirá la capacidad del PDG para recuperar credibilidad institucional.