Protestas campesinas y afines a Evo Morales mantienen aislada a La Paz y obligan a movilizaciones en otras regiones.
Bolivia entra en su quinta semana de protestas masivas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz; movilizaciones y cortes de ruta mantienen aisladas a La Paz y El Alto, han interrumpido el suministro de combustibles y provocado saqueos y daños en edificios públicos. Las marchas, lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Túpac Katari y grupos afines a Evo Morales, intentaron avanzar hacia la plaza Murillo y se enfrentaron con policías antidisturbios que usaron gases lacrimógenos. El conflicto ha obligado al cierre temporal de líneas de teleférico, bloqueo del acceso al aeropuerto de El Alto y la creación de “puentes aéreos” para abastecer a la capital.
El conflicto escaló desde demandas sectoriales hacia un reclamo político que pone en jaque la gobernabilidad: los manifestantes piden la renuncia de Paz y exigen elecciones, mientras que sectores cívicos y autoridades regionales organizan marchas en defensa del libre tránsito y la democracia. La prolongación de los bloqueos ha causado desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno, y sumó presiones para que el Ejecutivo decrete un estado de excepción. Intentos de diálogo y corredores humanitarios fracasaron tras choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y la polarización empuja a legisladores y al Poder Judicial a tomar decisiones inminentes.
La jornada dejó daños materiales y desbordes en instituciones públicas: estaciones del teleférico resultaron vandalizadas y la empresa estatal Mi Teleférico suspendió servicios en varias líneas tras agresiones y destrozos. Edificios como el Tribunal Departamental de Justicia sufrieron saqueos y robos de mobiliario, y comerciantes denunciaron pérdidas por incendios y pillaje en puntos del centro. Además, la Defensoría del Pueblo registró agresiones a periodistas durante las coberturas, lo que aumentó la presión de organizaciones civiles para buscar una salida negociada.
Sectores afines a Evo Morales llegaron a La Paz tras caminatas de varios días y advirtieron con forzar la salida del mandatario si no convoca a elecciones en 90 días; el dirigente Nelson Virreira, de Evo Pueblo, emplazó directamente al presidente y dijo que ofrecían "una salida pacífica" antes de una supuesta "convulsión social". Sus pronunciamientos se combinaron con el uso de petardos y cargas de dinamita en las refriegas con las fuerzas públicas, lo que, según manifestantes, responde a la "represión criminal" denunciada por líderes campesinos.
“"Lo que queremos decirle a Rodrigo Paz es lo siguiente: le estamos dando una salida pacífica. Que renuncie o si no que convoque a elecciones en 90 días."”— Nelson Virreira
El Gobierno de Rodrigo Paz defendió el uso de la fuerza para preservar el orden y buscó separar reclamos legítimos de lo que calificó como intentos de desestabilización. En actos públicos el presidente afirmó que "los violentos no pueden ganar" y anunció iniciativas como la reducción de su salario y el de sus ministros; además, el Ejecutivo habilitó puentes aéreos para mitigar el desabastecimiento en La Paz y El Alto. Sin embargo, sus intentos de abrir corredores humanitarios el 16 y 23 de mayo derivaron en enfrentamientos que paralizaron nuevas intervenciones.
“"Los violentos no pueden ganar."”— Rodrigo Paz
En contrapartida, los comités cívicos regionales lideran movilizaciones en al menos cinco capitales para exigir el fin de los bloqueos y la defensa de la democracia; en Santa Cruz, su Comité Cívico Pro Santa Cruz y su presidente Stello Cochamanidis convocaron a concentraciones y advirtieron que, si el Ejecutivo no desbloquea, la sociedad civil asumirá acciones para restablecer el libre tránsito. Cochamanidis llegó a calificar la situación como un intento de golpe y pidió medidas urgentes, incluida la consideración de un estado de excepción sectorizado.
“"No vamos a permitir que caiga un Gobierno democrático, no vamos a aceptar a nadie que no sea quien las urnas decidió."”— Stello Cochamanidis
El aislamiento de La Paz y El Alto ya tiene costos concretos: autoridades reportaron escasez de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno, cuatro fallecidos vinculados a la falta de acceso a atención y pérdidas económicas que comienzan a contabilizarse para el comercio y la industria. Frente a la emergencia, Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú ofrecieron donaciones o apoyo logístico y el Gobierno montó abastecimiento aéreo; la Universidad Mayor de San Andrés se ofreció como mediadora ante la crisis. La continuidad de los bloqueos, sin embargo, prolonga la ruptura de cadenas de suministro en varias regiones.
Las fuentes discrepan sobre la naturaleza y la responsabilidad de la violencia: el Gobierno acusa a seguidores de Evo Morales de promover una desestabilización política, mientras que líderes campesinos y afines a Morales denuncian "represión criminal" y justifican las movilizaciones como respuestas a demandas sociales. También hay versiones encontradas sobre la conveniencia y eficacia de corredores humanitarios y sobre si declarar un estado de excepción agravaría o resolvería la crisis.
Los próximos días traen hitos decisivos: la Asamblea Legislativa evalúa un proyecto para flexibilizar la declaración de estado de excepción y el Ejecutivo y las organizaciones sociales mantienen plazos y demandas (entre ellas el ultimátum de 90 días para convocar elecciones). Será observable si el Legislativo aprueba medidas de excepción, si Cochamanidis y otros comités regionales concretan acciones para despejar rutas, o si nuevos intentos de diálogo logran acuerdos que permitan levantar los bloqueos.