La ausencia de una hoja de ruta concreta para combatir la delincuencia debilita la promesa central del gobierno y aumenta la presión política.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, admitió en declaraciones a Radio Agricultura que “no me esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto” y aseguró que en unas semanas lo tendrá, una confesión que encendió críticas. En las últimas semanas su gestión acumuló episodios conflictivos: pidió informes a la PDI en un caso vinculado a su etapa como fiscal que terminó con la salida de la prefecta Consuelo Peña, su cartera eliminó la Unidad Estratégica que coordinaba información entre organismos y protagonizó un tuit polémico sobre el despliegue en Temucuicui; además, ha emergido cuestionamiento por una sociedad profesional vinculada a un abogado incluido en un registro de la Contraloría.
Esos errores profundizan la tensión porque la seguridad fue el eje que impulsó la candidatura de José Antonio Kast y hoy falta la hoja de ruta prometida: mientras Hacienda ya discute un proyecto de reactivación con plazos y debate público, la cartera de Seguridad no ha presentado medidas estructuradas verificables y la Contraloría prepara un informe sobre decisiones ministeriales. La situación tiene un costo político inmediato: las encuestas muestran un fuerte rechazo ciudadano a la gestión en materia de delincuencia y expertos y exautoridades, como Carolina Tohá, han criticado la desarticulación de funciones de coordinación que debería liderar el ministerio.
El próximo hito observable será la presentación formal del plan que Steinert prometió para “unas semanas” y la elaboración pública del informe de la Contraloría; ambos actos definirán si el gobierno logra transformar su promesa de mayor seguridad en una estrategia con plazos y mecanismos de evaluación o si la crisis de conducción persiste en la agenda pública.