Chilenos de la Flotilla Sumud relatan torturas y acusan al Gobierno
Tres activistas regresaron con denuncias de malos tratos; el Estado anuncia gestiones y la delegación prepara acciones internacionales.
- 01Testimonios y denuncias
- 02Gestiones y críticas a Cancillería
- 03Versión israelí de la operación
- 04Reacciones internacionales y legalidad
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
Tres de los cuatro chilenos que integraron la Flotilla Global Sumud —Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi— regresaron a Chile tras ser detenidos por fuerzas israelíes y relataron golpizas, amenazas y condiciones inhumanas durante su retención. Los activistas acusan además negligencia diplomática por parte de la Cancillería y prometen acciones legales. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó contacto consular con los cuatro detenidos y expresó “malestar” al embajador de Israel en Santiago por el trato degradante exhibido por un ministro israelí. Mientras tanto, la delegación chilena, representada por el exembajador Nelson Hadad, anuncia recursos ante instancias internacionales.
Las denuncias reabren el debate sobre la legalidad de las interceptaciones en aguas internacionales, la respuesta diplomática de Chile y la protección consular de ciudadanos en zonas de conflicto. Israel sostiene que trasladó a 430 activistas a su territorio y negó el uso de munición real; ONG y abogados de los detenidos denuncian violencia sistemática. El contraste entre los relatos de los activistas y la versión oficial amenaza con llevar el caso a tribunales internacionales y tensar la relación bilateral.
Testimonios y denuncias
Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi describieron tras su regreso a Santiago golpes, humillaciones y condiciones sanitarias extremas mientras permanecieron retenidos. Eltit relató haber sido golpeada hasta quedar inconsciente y dijo que sufrió fracturas en costillas; Caiozzi calificó el trato como “deshumanizante” y Chanfreau denunció incomunicación, presiones para firmar documentos en hebreo y exposición a fuego durante el abordaje. Los tres sostienen que la operación ocurrió en aguas internacionales y que la presión pública internacional contribuyó a su liberación y traslado a Turquía antes de su repatriación a Chile.
Gestiones y críticas a Cancillería
El exembajador Nelson Hadad, representante legal de la delegación chilena, se reunió con el director de Medio Oriente de la Cancillería, embajador Carlos Morán, y el subsecretario Patricio Torres para exigir acciones diplomáticas urgentes y acceso consular. Hadad entregó un informe que acusa la interceptación en aguas internacionales y solicita una protesta formal, documentación de delitos y medidas para proteger a los detenidos; también anunció que la delegación recurrirá a la Corte Penal Internacional y al Tribunal del Mar. La Cancillería informó que el cónsul en Tel Aviv tomó contacto con los activistas y que el Gobierno expresó su malestar al embajador de Israel, Peleg Lewi, por el trato degradante mostrado en registros públicos.
Versión israelí de la operación
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó que 430 activistas fueron trasladados a buques israelíes y conducidos al país, calificando la misión como una maniobra de relaciones públicas vinculada a Hamás. El portavoz del Ejecutivo, Oren Marmorstein, negó el uso de munición real y dijo que no se registraron heridos en los abordajes, mientras que el ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, difundió imágenes de los detenidos en un puerto y las autoridades dijeron que deportarían a los participantes. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó el derecho de Israel a mantener el bloqueo naval sobre Gaza, aunque criticó el tratamiento exhibido por Ben Gvir y ordenó la pronta deportación de los involucrados.
Reacciones internacionales y legalidad
Turquía calificó el abordaje como “piratería” y movilizó vuelos especiales para recibir a los deportados, mientras que la ONU, a través del portavoz Stéphane Dujarric, manifestó preocupación y señaló que no parece que la interceptación respetara el Derecho Internacional. El centro jurídico Adalah y organizaciones que asistieron a los activistas denunciaron malos tratos, uso de electroshock y acoso sexual; esas organizaciones han pedido documentación y asistencia legal para los detenidos. Desde Chile, Maurice Khamis Massú, presidente de la Comunidad Palestina de Chile, exigió una acción diplomática inmediata y Hadad anunció que presentarán recursos ante la Corte Penal Internacional y el Tribunal del Mar.
La Global Sumud Flotilla partió desde Turquía el 14 de mayo con cientos de activistas y ayuda humanitaria en una campaña que ya había sufrido un intento previo a fines de abril, cuando fuerzas israelíes detuvieron a decenas de participantes, entre ellos la chilena Macarena Chahuán, que luego denunció abusos. Chile había cambiado su curso diplomático hacia Israel a inicios de 2026 tras el encuentro entre el presidente José Antonio Kast y el presidente israelí Isaac Herzog, lo que complicó la respuesta política interna; la Comunidad Palestina de Chile, representada por Maurice Khamis Massú, pidió elevar el tono diplomático desde el comienzo. El centro jurídico Adalah ha registrado denuncias sobre violaciones al debido proceso y está asesorando a varios detenidos.
Israel afirma que no se usó munición real y que los activistas fueron trasladados sin heridos, mientras los detenidos y organizaciones como Adalah denunciaron golpizas, electroshock, acoso sexual y heridas físicas, incluida la afirmación de costillas fracturadas por Carolina Eltit. Las partes discrepan además sobre la legalidad del abordaje en aguas internacionales: Israel lo defiende como protección del bloqueo, y representantes de la flotilla lo califican de secuestro y piratería.
La delegación chilena, por medio de Nelson Hadad, anunció que presentará recursos ante la Corte Penal Internacional y el Tribunal del Mar; esos escritos y su admisibilidad serán hitos a seguir en las próximas semanas. La Cancillería aún debe emitir un pronunciamiento formal sobre las imputaciones entregadas por Hadad y mantener acciones consulares de seguimiento, incluida la asistencia prometida por el cónsul en Tel Aviv y la cónsul en Ankara. A nivel internacional, habrá que observar los movimientos judiciales de Adalah y cualquier solicitud de investigación de la ONU o cortes internacionales sobre la legalidad de la interceptación.