El conteo finaliza al 100% el 15 de mayo; la proclamación será el 17 y la disputa presidencial llega con denuncias, recursos y causas judiciales que afectarán la campaña
01El 15 de mayo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó al 100% de actas contabilizadas y confirmó que la segunda vuelta presidencial se celebrará el 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Fujimori fue la más votada con 2.877.678 sufragios (17,18% de los válidos) y Sánchez obtuvo 2.015.114 votos (12,03%), mientras que el ultraconservador Rafael López Aliaga quedó tercero con 1.993.904 votos (11,90%). Los votos en blanco y nulos sumaron 3.418.321 (16,84%), más que cualquier candidato individual.
02El recuento fue extenso: el escrutinio se prolongó más de un mes (33 días desde la votación) debido al ajustado margen por el segundo puesto y a miles de actas impugnadas. Sesenta Jurados Electorales Especiales (JEE) revisaron más de 5.000 actas con observaciones, lo que obligó a recontar votos y celebrar audiencias públicas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que proclamará oficialmente las fórmulas que pasan a la segunda vuelta el domingo 17 de mayo, más de un mes después de los comicios del 12-13 de abril.
03La definición por el segundo puesto fue muy estrecha: Sánchez superó a López Aliaga por apenas 21.210 votos. López Aliaga denunció irregularidades por los retrasos en la instalación de mesas, especialmente en Lima, y exigió que no se proclamen los resultados hasta atender sus reclamos, aunque no presentó pruebas concluyentes de fraude. Las demoras en la jornada de votación motivaron además la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y la investigación de varios funcionarios.
04Además de la disputa electoral, el candidato Roberto Sánchez enfrenta una acusación penal: la Fiscalía solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión y la inhabilitación definitiva por presunta "falsa declaración administrativa" y falsedad en la información financiera del partido Juntos por el Perú, por aportes no declarados entre 2018 y 2021. Según las indagaciones, habrían existido depósitos vinculados a su entorno por montos que medios reportan en torno a los 200.000–280.000 soles; la resolución acusatoria se emitió el 15 de enero y la audiencia de formalización está prevista para el 27 de mayo, dentro del período de campaña hacia la segunda vuelta. La defensa niega la responsabilidad directa de Sánchez en la elaboración de los informes financieros.
05En paralelo, la justicia ha tomado decisiones relevantes en otros casos de financiación electoral: el 15 de mayo un juez ordenó archivar la investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presuntos aportes de Odebrecht a su campaña de 2011, con lo que se suma a criterios que recientemente favorecieron a la candidata Keiko Fujimori en causas similares. La medida se apoyó en fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema que exigen probar que el receptor conocía el origen ilícito de los fondos.
06La anulación de procesos similares motivó reacciones políticas: el expresidente Ollanta Humala, condenado por lavado de activos por aportes de Odebrecht y recluido en prisión, reclamó su libertad y cuestionó la continuidad de su encarcelamiento tras el archivamiento de causas contra otros exmandatarios, afirmando que el Poder Judicial "ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es lavado de activos" y denunciando persecución política.
07El calendario inmediato: el JNE proclamará oficialmente el domingo 17 de mayo a los candidatos que pasan al balotaje y, con ello, comienza la recta final de la campaña hacia la segunda vuelta del 7 de junio. En estas semanas conviven la presión política por impugnaciones y alegatos de fraude, el proceso judicial contra Sánchez con audiencia el 27 de mayo, y un escenario electoral marcado por la fragmentación (35 candidatos en la primera vuelta) y una fuerte desafección ciudadana que se tradujo en un elevado voto nulo y en blanco.