Debate sobre responsabilidad penal adolescente: una mirada integral ante la delincuencia juvenil y la victimización infantil

Recientes debates en la prensa chilena han puesto el foco en la participación de menores de edad en delitos graves, reabriendo la discusión sobre la responsabilidad penal adolescente y la reacción social ante jóvenes infractores y jóvenes víctimas. Tanto la opinión pública como algunos sectores políticos rápidamente abogan por medidas punitivas, como la reducción de la edad de imputabilidad penal bajo los 14 años o el aumento de las penas, argumentando que esto disminuiría la participación de adolescentes en la delincuencia.

Sin embargo, especialistas y organismos internacionales advierten que estas son respuestas simplistas que carecen de respaldo en la evidencia y el derecho internacional de los derechos humanos. El Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a Chile no adoptar medidas regresivas sobre la edad penal, sino avanzar en la justicia especializada y fortalecer los mecanismos de protección integral. De hecho, países como Escocia y España han elevado o mantenido la edad penal mínima en línea con el estándar internacional (14 años), mientras que experiencias nacionales muestran que adelantar la entrada de menores al sistema penal no reduce la reincidencia y puede generar efectos negativos al perpetuar trayectorias delictivas.

Los expertos subrayan que la raíz del problema es estructural y multifactorial. Factores como la deserción escolar masiva, el abuso y abandono, la pobreza, el consumo de drogas, la migración no acompañada y un sistema de protección social fragmentado y colapsado, contribuyen a la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales terminan siendo reclutados por el crimen organizado. A pesar de que no todos los niños vulnerados delinquen, existe una alta correlación entre experiencias tempranas de victimización y posterior conducta delictiva.

Por otro lado, la atención mediática sobre delitos cometidos por menores contrasta con la menor visibilidad y reacción institucional frente a casos escalofriantes de victimización infantil, como explotación o homicidios. Diversos informes, como el Diagnóstico de la Defensoría de la Niñez y estudios de UNICEF, muestran un aumento persistente de niños víctimas de agresión, explotación sexual y homicidio, con cifras alarmantes sostenidas en el tiempo.

Frente a esta realidad, los especialistas insisten en la necesidad de abandonar las soluciones 'fáciles' y avanzar hacia políticas públicas integrales: fortalecer la protección social, la detección oportuna de riesgos, el apoyo y articulación entre instituciones, y la reinserción socioeducativa con base en evidencia. Solo con un enfoque integral y coordinado será posible enfrentar efectivamente tanto la delincuencia juvenil como la victimización infantil, garantizando los derechos de niños, niñas y adolescentes como una real prioridad para la sociedad.