La ofensiva parlamentaria puede complicar la tramitación de la megarreforma y alterar el clima político en el Congreso chileno.
El biministro del Interior y vocero del Gobierno, Claudio Alvarado, reconoció este martes que la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, puede afectar el ánimo de discusión en el Parlamento, pero afirmó que el Ejecutivo seguirá impulsando sus prioridades legislativas, entre ellas la llamada “megarreforma” o Ley de Reconstrucción Nacional. Alvarado defendió la disposición del gobierno a dialogar con la oposición y dijo que el Ejecutivo deberá compatibilizar la tramitación de sus proyectos con otros frentes políticos abiertos.
La presentación del libelo se produjo tras el informe del actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz, que detectó inconsistencias en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025: un faltante de deuda valuado en torno a US$10.500 millones, y una discrepancia que equivale al 2,9% del PIB —el documento proyectaba un deterioro acumulado de $13,5 billones entre 2026 y 2030, mientras la deuda mostraba un aumento de $3,9 billones—, datos que motivaron la ofensiva de los parlamentarios. Alvarado subrayó que la acusación constitucional es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y que el Gobierno no administra los tiempos parlamentarios, por lo que habrá que ver cómo se conjugan ambas tramitaciones.
El próximo hito será la decisión de la Cámara de Diputados sobre la acusación y, en paralelo, el avance en comisiones y sala del proyecto de Reconstrucción Nacional; el senador Arturo Squella advirtió que la megarreforma podría aprobarse por un margen estrecho en el Senado, lo que obliga al Ejecutivo a buscar el mayor consenso posible y a medir la capacidad de negociación con los distintos bloques para mantener la tramitación en curso.