La Comisión de Hacienda desechó el artículo de la Ley Miscelánea que autorizaba el uso sin autorización ni pago de contenidos para entrenar IA; gremios de autores, prensa y televisión alertan quiebres de la protección a la propiedad intelectual y piden diálogo y exclusiones explícitas.
01La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados rechazó, en dos votaciones, el artículo 8 de la megarreforma (Ley Miscelánea / proyecto de Reconstrucción Nacional) y la indicación sustitutiva del Ejecutivo que buscaban autorizar que sistemas de inteligencia artificial (IA) utilicen, reproduzcan y se entrenen con obras protegidas —textos, música, imágenes y contenidos audiovisuales— sin necesidad de autorización ni pago de remuneración a los titulares.
02El texto original del Ejecutivo pretendía introducir un nuevo artículo en la Ley de Propiedad Intelectual para permitir “sin remunerar ni obtener autorización del titular” actos de reproducción, adaptación, distribución o comunicación pública de obras cuando el uso buscara extracción de datos o el entrenamiento/despliegue de modelos de IA, siempre que no constituya una “explotación encubierta”. Ante la crítica pública, el gobierno presentó una indicación que añadía la creación de un “Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual” destinado a financiar programas para fomentar el respeto y la observancia de los derechos de autor.
03El respaldo a la negativa vino de diversos sectores y partidos. Votos clave de diputados de Renovación Nacional (RN) —entre ellos Diego Schalper y Eduardo Durán— y de otros parlamentarios del oficialismo y oposición fueron determinantes. Schalper resumió su rechazo calificando de inaceptable entregar un “cheque en blanco” que permita apropiarse de la creación ajena sin contraprestación. Tanto la moción original como la indicación sustitutiva fueron finalmente rechazadas en la comisión.
04La propuesta generó críticas unánimes de gremios de creadores y medios. La Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) denunció que la indicación deja a autores e intérpretes “en la indefensión total” frente a empresas de IA y pidió al Congreso eliminar el artículo. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) calificó la norma como una “expropiación regulatoria”, argumentando que permitir el uso masivo de obras sin autorización ni remuneración vulnera derechos garantizados por la Constitución y tratados internacionales y que el Fondo propuesto no constituye una compensación adecuada. La Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) advirtió que la indicación favorece a grandes empresas extranjeras de IA y pidió mecanismos como un opt‑out para que los titulares decidan si autorizar el uso de sus contenidos.
05Los gremios esgrimieron además razones de derecho internacional: la SCD y la ANP señalaron que la redacción contravendría estándares como el Convenio de Berna, la Convención de Roma, los ADPIC y otros tratados de la OMPI, porque las limitaciones al derecho de autor deben ser excepcionales y no afectar la explotación normal de las obras ni perjudicar injustificadamente a sus titulares.
06La disputa se da en un contexto más amplio de debate sobre propiedad intelectual y seguridad digital en Chile. En enero, la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam) se reunió con el diputado Víctor Pino para avanzar en una hoja de ruta contra la piratería digital y abogó por fortalecer el marco regulatorio, incluyendo la tramitación de un proyecto que incorpora la regulación de las Medidas Tecnológicas de Protección (MTP) a la Ley de Propiedad Intelectual, como parte de una respuesta colaborativa público‑privada frente a riesgos para la seguridad de los usuarios y el ecosistema audiovisual.
07Situación procesal y pasos siguientes: con el rechazo en la comisión, la iniciativa queda en desventaja pero el Ejecutivo puede intentar reponer el artículo en la Sala de la Cámara o presentar una nueva moción en el Senado. Los gremios demandan que cualquier regulación sobre IA y derechos de autor se aborde en una ley específica de IA, que incorpore exclusiones explícitas (especialmente para contenidos periodísticos), mecanismos de opt‑out y procesos de diálogo formal con titulares de derechos antes de autorizar usos masivos de obras protegidas.