Bolivia cercada: La Paz bajo bloqueo y tensión diplomática
Protestas y cortes de ruta dejan a La Paz aislada, forzan cambios de gabinete y desatan un choque regional por la mediación.
- 01Operación y bloqueos persistentes
- 02Movilización evista y demandas
- 03Medidas del Ejecutivo
- 04Impacto económico y ayuda
- 05Tensión internacional y diplomacia
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
La capital boliviana cumple más de dos semanas de bloqueos que han vaciado mercados, agotado insumos médicos y convertido a La Paz en un escenario de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz desplegó una operación de «corredor humanitario» que terminó con detenciones y heridos, y anunció una reordenación del gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social para intentar abrir canales de diálogo. Líderes sindicales afines al expresidente Evo Morales presionan con marchas hacia la sede de gobierno, mientras gobiernos extranjeros combinan apoyo a Paz con ofertas de mediación. La crisis ya generó ayuda internacional y una tensión diplomática con Colombia por las declaraciones de su presidente, Gustavo Petro.
Las movilizaciones, impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), federaciones campesinas y gremios, exigen la renuncia de Paz y reclamaciones económicas que incluyen aumentos salariales y controles sobre combustibles y tierras. Los bloqueos han interrumpido cadenas de abastecimiento, provocado pérdidas millonarias y obligado a puentes aéreos humanitarios; el Gobierno responsabiliza a sectores afines a Evo Morales de intentar desestabilizar la institucionalidad. La disputa se complica por versiones encontradas sobre violencia y por la intervención de actores regionales que ofrecen respaldo o mediación.
Operación y bloqueos persistentes
Las fuerzas policiales y militares lanzaron un operativo para abrir lo que denominaron «Corredor Humanitario», movilizando miles de efectivos y vehículos Hércules para permitir el paso de combustible y oxígeno; pese a ello, la Administradora Boliviana de Carreteras registró más de veinte puntos de corte y el repliegue de las unidades tras enfrentamientos. La Defensoría del Pueblo, encabezada por Pedro Callisaya, informó de 47 detenidos y cinco heridos durante la intervención y anunció verificaciones en hospitales y centros policiales para proteger derechos humanos. El Gobierno afirmó que el corredor permitió la entrada de suministros críticos, pero el acceso sigue limitado y la atención en hospitales reportó desabastecimiento de oxígeno en varias salas.
Movilización evista y demandas
Sectores afines al expresidente Evo Morales llegaron en marcha al altiplano y se sumaron a las protestas, con líderes como Mario Argollo de la COB llamando a mantener la presión hasta forzar la salida del mandatario. Dirigentes campesinos como Nelson Virreira exigieron renuncia o la convocatoria de elecciones en 90 días, y advierten que, de no obtener respuestas, impulsarán lo que califican como «salida» mediante la movilización. Las columnas evistas aumentaron la presión en El Alto y en rutas hacia la plaza Murillo, lo que derivó en choques con policías y actos de vandalismo y saqueos en edificios públicos reportados en La Paz.
Medidas del Ejecutivo
El presidente Rodrigo Paz anunció la reordenación de su gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social que sesionará periódicamente para abrir espacios de debate; el mandatario dijo buscar un equipo «más ágil y que escuche». En la primera modificación concreta, Williams Bascopé fue nombrado ministro de Trabajo en reemplazo de Edgar Morales, un gesto dirigido a calmar al sector obrero que había exigido la salida del titular. El vocero presidencial José Luis Gálvez destacó la invitación al diálogo con varios sectores, aunque el Gobierno condiciona la interlocución ante actos de vandalismo.
Impacto económico y ayuda
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Eduardo Olivo, calculó pérdidas por cerca de 500 millones de dólares por los cortes y la paralización logística; organizaciones empresariales y productivas alertan sobre cadenas de frío y pérdida de mercadería. Argentina desarrolló un puente aéreo con toneladas de pollo y oxígeno, y el Gobierno de Chile envió 480 cajas de alimentos en un Hércules de la FACH para abastecer a La Paz, una ayuda que el canciller Francisco Pérez Mackenna describió como un gesto de cooperación regional. Mientras tanto, cientos de camiones permanecen varados y supermercados reportan escasez de productos perecibles, lo que obliga a medidas de emergencia para la distribución interna.
Tensión internacional y diplomacia
Estados Unidos, a través del vicesecretario Christopher Landau y declaraciones en la OEA, denunció un intento de golpe y ofreció respaldo al Gobierno de Paz; el secretario de Estado Marco Rubio y la representación de Washington en la OEA ratificaron apoyo institucional. En paralelo, el presidente colombiano Gustavo Petro se ofreció a mediar y calificó las protestas de «insurrección popular», lo que motivó que Bolivia declarara persona non grata a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, y denunciara injerencia. La OEA y el secretario general Albert Ramdin expresaron respaldo a la institucionalidad y ofrecieron acompañamiento para facilitar el diálogo.
La ola de protestas nació de reclamos sectoriales: maestros, mineros cooperativistas, transportistas y campesinos que rechazaron la Ley 1720 sobre reclasificación de tierras y protestaron por la mala calidad de los combustibles. Analistas como Huáscar Pacheco y Vladimir Peña atribuyen la crisis a una «crisis multidimensional» —inflación, recesión y errores de comunicación del Gobierno— y advierten que la presencia del «evismo» está realineando demandas políticas con económicas. El expresidente Evo Morales, con orden de captura en curso, aparece como figura movilizadora, pero su capacidad real de conducción política es materia de debate entre las partes.
Se discuten cifras y narrativas: el Gobierno negó muertes por la operación de desbloqueo que organizaciones locales atribuyen a la intervención; hay discrepancias en el número de detenidos (cifras oficiales y ONG difieren) y fuertes acusaciones cruzadas sobre si las movilizaciones constituyen un intento de golpe, una insurrección popular o protestas ciudadanas.
A corto plazo hay hitos concretos: el primer encuentro del recién creado Consejo Económico y Social fue convocado para el fin de semana siguiente a su anuncio y será una prueba de la disposición real al diálogo, según la Presidencia. La Fiscalía mantiene órdenes de aprehensión sobre dirigentes sindicales como Mario Argollo y esa tramitación judicial puede acelerar detenciones o causas penales abiertas. Vigile el calendario de cambios en el gabinete —el reemplazo del ministro de Trabajo ya se efectivizó—, las nuevas convocatorias de la COB y las decisiones que adopten la OEA y los gobiernos regionales respecto al acompañamiento diplomático.